España liberal: Así funciona la doble vara de medir de la justicia española

Rafael Núñez Huesca - Gaceta.es - El magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla, Francisco Gutiérrez, elaboró hace pocas fechas una interesante tesis doctoral sobre el funcionamiento de la Justicia en España. Gutiérrez se propuso dar con las claves de la crisis permanente en la que está sumida la Justicia española. Sus averiguaciones no pudieron ser más devastadoras: España ni siquiera cuenta con una base de datos fiable sobre la Administración de Justicia. El Ministerio, por ejemplo, llegó a enviar cifras equivocadas a Bruselas sobre el número de jueces. 

Una de las causas es, según apunta el texto, el hiperdescentralizado modelo de Estado, que parcela la Justicia entre diferentes administraciones: “La dirección de los medios materiales y personales están distribuidas entre el Ministerio de Justicia del Gobierno de España, el Consejo General del Poder Judicial, las Comunidades Autónomas y, de forma residual, en la Fiscalía General del Estado”. 

Por supuesto, el estudio sacó a la luz otros muchos problemas que ya se sospechaban: nuestro país tiene una muy elevada cuota de litigiosidad, mucho mayor que en la media europea, hasta el punto de que el número de asuntos que recae sobre cada uno de los jueces cada año ronda los 1.800. Más de tres cuartas partes de los órganos judiciales de España superan el máximo de la entrada de asuntos fijada por el Consejo General del Poder Judicial.

La conclusión del magistrado Francisco Gutiérrez resulta lapidaria: “Un Estado bien organizado necesita menos Justicia. En España, en sentido contrario, se usa la Justicia como remedio ante el fracaso generalizado de la administración y la sociedad”.

Politización de la Justicia

A principios de marzo de 2015 se hacía público otro estudio sobre la justicia, pero esta vez a nivel de la Unión Europea. Una de las estadísticas más relevantes es el de la denominada percepción de la independencia judicial, y en este punto nuestro país está en el puesto 25 lugar, sobre 28, solo por encima de Croacia, Bulgaria y Eslovaquia.

Célebre es a frase atribuida a Alfonso Guerra en los primeros años de los gobiernos socialistas en la que, anunciando la muerte de Montesquieu, daba por liquidada la separación de poderes. 
Lo cierto es que, desde entonces, la politización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sido tema recurrente en el debate político español. El gobierno de Felipe González reformó la Ley del Poder Judicial e impulsó un modelo en el que el Parlamento se implicaría en la elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces. En otras palabras: el Legislativo designaría los altos cargos del Poder Judicial. Efectivamente, la muerte de Montesquieu.

Los partidos se lanzaron entonces a promocionar a sus propios candidatos, que pasarían a ocupar los puestos más relevantes de la Administración de Justicia a través de CGPJ, una institución que, entre otras cuestiones, se encarga de la selección de los jueces, de los nombramientos de los altos cargos judiciales, del régimen disciplinario y de la inspección del Poder Judicial.

Así, la ciudadanía tiene un percepción muy escéptica sobre la pretendida independencia judicial. No ayuda, desde luego, que la Fiscalía General del Estado sea un cargo propuesto por el Gobierno o que los integrantes del Tribunal Constitucional sean también elegidos por políticos. Tampoco ayuda que exista una cuota importante de «magistrados» que nunca hayan ejercido como tales, ni que los magistrados se dividan en bloques (conservador y progresista) cuando se trata de deliberar asuntos de trascendencia política.

Los separatistas catalanes, ¿mimados de la justicia? 

El juicio a Artur Mas y sus consejeras es el último ejemplo de controversia judicial. Los hechos se remontan al 9 de noviembre de 2014 y han sido juzgados en marzo de 2017. Dos años y cuatro meses. El caso Madoff en EEUU, mucho más complejo, tardó menos de seis meses en condenar al encausado. Pero lo más llamativo no ha sido la demora, un mal habitual en la justicia española, sino la enorme diferencia entre la petición del fiscal -diez años- y el fallo final: dos años de inhabilitación por un delito de desobediencia, al mantener la consulta separatista del 9N, tras su suspensión por el Tribunal Constitucional (TC).

Una justicia clemente y misericordiosa con Mas, casi tanto como lo ha sido con los Pujol, cuya investigación lleva tiempo en stand by. ¿El motivo? Desde luego, no jurídico. Para el periodista de Intereconomía Xavier Horcajo, que ha escrito varios libros sobre el asunto, la razón tiene que ver con algo más prosaico de ellos ha dependido la gobernabilidad del Estado y del silencio de Jordi Pujol dependen las carreras políticas de varias generaciones de políticos españoles. Horcajo recuerda la advertencia del expresident en el Parlament cuando dijo aquello de “Si se rompe una rama del árbol caerá el árbol entero”. Desde aquél día “no se ha movido un solo juez o fiscal, salvo para retirarle el pasaporte a Pujol Ferrusola, punto”. Por eso, aunque existen “sobradísimos argumentos jurídicos para que los hijos (de Pujol) vayan a la cárcel, será difícil que acaben en prisión”.

Los asaltos a la librería Blanquerna y a la capilla de la Complutense 

La sentencia de Artur Mas contrasta con la impuesta por el Supremo a los encausados del Caso Blanquerna, condenados a cuatro años de prisión por la protesta la librería donde se celebraba la Diada de Cataluña. Para muchos, una evidencia más de la doble vara de medir y la politización de la justicia española. Dos años de inhabilitación por alentar, organizar y llevar a cabo una referéndum separatista desde las instituciones del Estado y desobedeciendo al Tribunal Constitucional; cuatro de cárcel por irrumpir en un acto público.

El caso de Rita Maestre, que protestó con gritos de “arderéis como en el 36” y con el torso desnudo la capilla de la Universidad Complutense, también ha resultado muy polémico: fue absuelta al entender la Audiencia Provincial de Madrid que no se produjo en el componente de profanación.
Para el historiador y colaborador de La Gaceta Fernando Paz, su absolución “resulta incomprensible, salvo que lo interpretemos desde un punto de vista político e ideológico, que es cuando la absolución cobra todo su significado”.

Discriminación ideológica... según quién discrimine

Pero hay más: el propio Supremo redujo la condena de doce años impuesta por la Audiencia Nacional, hasta dejarla en cuatro años y seis meses, a los responsables del comando anarquista que pusieron la bomba en el Pilar de Zaragoza en octubre de 2013. Hirieron a una mujer y pudieron haber causado una masacre: en el templo se encontraban casi sesenta personas entre turistas y trabajadores cuando hicieron estallar el artefacto. Lejos de arrepentirse, cuando les fue dictada la sentencia por la Audiencia Nacional, gritaron desafiantes al tribunal: “Muerte al Estado”.

Así, la pena para los anarquistas ha resultado ser la misma que la de los asaltantes de la librería Blanquerna. El Supremo justificó su decisión apelando a que los asaltantes incurrieron en “discriminación ideológica”. Y a este respecto, Fernando Paz colige: “A la vista de los antecedentes citados –y salvo que alguien pretenda que es de justicia el que tres empujones equivalgan a la colocación y estallido de una bomba-, tras lo sucedido con Rita Maestre y con el grupo anarquista, discriminación ideológica es, exactamente, lo que ha perpetrado el citado Tribunal Supremo”. 

Atentar contra las creencias católicas sale barato

El Drag Queen del Carnaval de Las Palmas y el autobús de Hazte Oír son, para muchos, los últimos ejemplos del doble rasero que mantiene la justicia española en función de quién atente contra qué. Así, a tenor de lo visto últimamente, ofender los sentimientos religiosos resulta mucho más aceptable que discrepar de la ideología de género. Ningún juez actuó contra el menosprecio y la ofensa a millones de creyentes, pero sí se persiguió e inmovilizó un autobús que con el lema “los niños tienen pene y las niñas tienen vulva, “ofendió al colectivo transexual”.

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