TSJ de Venezuela declara inconstitucional la Ley de Amnistía. Aniversario del Golpe de 2002

La Ley de Amnistía aprobada por la derecha en la Asamblea Nacional fue declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela declaró este lunes inconstitucional la Ley de Amnistía de la derecha, que busca la impunidad y avala la violencia.

¿Qué busca la Ley de Amnistía?

La derecha en la Asamblea Nacional venezolana aprobó la llamada Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional que ha sido cuestionada por la mayoría de la población, organizaciones sociales, políticas y movimientos tanto dentro como fuera de ese país por ser un instrumento jurídico que promueve la impunidad.

El instrumento legal abarca hechos desde 1999, incluyendo el golpe de Estado de 2002 y el paro petrolero de ese mismo año.

La Ley de Amnistía dejaría sin efectos las sanciones penales de unos 50 delitos, entre ellos: la estafa inmobiliaria, el sabotaje eléctrico, el acaparamiento y la especulación de alimentos y medicinas (incluyendo la venta de productos vencidos), el uso de armas de fuego y de explosivos.

El caso más emblemático que no se restringe en la ley son los delitos cometidos en las “guarimbas” o protestas violentas de 2014 donde 43 personas murieron. De aprobarse la ley, las personas involucradas en el hecho serán perdonadas.

teleSUR

Aniversario del Golpe de Estado en Venezuela, los días 11, 12 y 13 de abril de 2002

Venezuela: 11 de abril de 2002. En el país suramericano reina el caos. Hugo Chávez, líder popular progresista había renunciado a sólo cuatro años desde su elección, o al menos eso era lo que afirmaban los medios de comunicación privados y el alto mando militar.

Chávez, reconocido por ser un gran orador, en esa oportunidad no había dicho ni una palabra. En su última alocución, en cadena nacional unas horas antes, Chávez había mandado a activar el Plan Ávila, un plan especial de las Fuerzas Armadas venezolanas cuando hay una conmoción interna que amenaza la estabilidad y seguridad nacional.

La cadena era transmitida a pantalla dividida por las emisoras privadas de alcance nacional, en un lado aparecía Chávez y en el otro, los disturbios en el centro de la ciudad capital. Esta acción fue totalmente ilegal, pues en Venezuela está prohibida la interrupción de una transmisión oficial. Ante esto, el gobernante ordenó la salida del aire de los cuatro canales comprometidos con el golpe: Globovisión, Venevisión, Radio Caracas Televisión (RCTV) y Televen.

Pero con lo que no contaba el Gobierno era con el plan alterno de estos medios, que cinco minutos después retomaron su señal vía satélite, con una menor calidad.

Un día más tarde, Pedro Carmona Estanga, hasta ese momento presidente de la patronal Federación de Cámaras Empresariales y Asociaciones de Comercio (Fedecámaras), se autojuramentó presidente de Venezuela, disolvió a todos los poderes constituidos, derogó la Constitución de 1999, 49 leyes habilitantes,se dio a sí mismo poderes supra constitucionales, suspendió los convenios de cooperación de Venezuela con Cuba y hasta le cambió el nombre al país. Algo estaba claro, Venezuela estaba en proceso un Golpe de Estado.

El Clamor del Pueblo

De las barriadas más humildes de Caracas y de otras ciudades como Maracay (centro norte), entre el pueblo se sintió una corazonada, que después se transformaría en una manifestación callejera sin precedentes: Pedían el regreso de Chávez, elegido con la mayor votación de la historia electoral de Venezuela.Pero ¿Qué pasaba?. En apariencia nada, pues en las televisoras privadas transmitían dibujos animados o películas estadounidenses, mientras cientos de personas se concentraban en varios puntos de Caracas. De parte del nuevo "gobierno de transición", como fue definido por sus creadores, Carmona daba declaraciones a la cadena de noticias estadounidense CNN, donde decía que en el país todo estaba en completa calma y reinaba la normalidad.

Pese a que las cadenas nacionales, que en los días anteriores bombardearon constantemente a los venezolanos con mensajes políticos y que de pronto simplemente callaron, los venezolanos fueron descubriendo la verdad por las transmisiones de televisoras extrajeras en las cuales otras voces como la del fiscal general Isaías Rodríguez o de la ex esposa de Chávez, Marisabel Rodríguez, denunciaban los planes golpistas y el secuestro del líder revolucionario, quien estaba siendo torturado para obligarlo a dimitir.

Desde una remota isla venezolana, La Orchila, el legítimo presidente, Hugo Chávez, estaba preso e incomunicado. Como después se comprobaría, a través de una nota de su puño y letra, no había renunciado, pese a los pedidos de varios generales rebeldes y al anuncio del Alto Mando Militar.
"No he renunciado al poder legítimo que el pueblo me dio", escribió Chávez en una rudimentaria nota en una base naval de Turiamo, al norte del país, desde donde fue trasladado a La Orchila.

Meses más tarde, Chávez relataría que los generales implicados en la conspiración lo amenazaron con bombardear el Palacio de Miraflores con aviones de guerra, tal y como lo hicieran los militares chilenos aquel 11 de septiembre de 1973, en el que murió el presidente socialista Salvador Allende.

“No te inmoles Hugo”, ha relatado Chávez en varias oportunidades, al recordar la llamada telefónica que recibió la noche del 11 de abril de 2002 del presidente cubano, Fidel Castro.

De hecho, Fidel Castro, en el libro “Biografía a dos voces”, del escritor francés Ignacio Ramonet, confirmó la llamada y confesó que incluso, los militares insurrectos habían ordenado a un pelotón en la isla La Orchila que fusilaran a Chávez, pero que se negaron y amenazaron con amotinarse.

    “No te inmoles, Hugo; no hagas como Allende, que era un hombre solo; tú tienes una gran parte del Ejército, no dimitas, no renuncies”, le aconsejó en esa oportunidad.

“Chávez no sabe lo que está pasando en Caracas ni en el país. Ya han intentado fusilarlo, pero el pelotón de soldados encargado de disparar se ha negado y ha amenazado con amotinarse. Muchos de los militares que custodian a Chávez están dispuestos a defenderlo y a evitar que lo asesinen”, agregó el ex presidente cubano en el libro.

Estando en la remota isla venezolana, Chávez recibió la visita del fallecido Arzobispo de Caracas, Rosalío Castillo Lara, quien en vida fuera un fuerte opositor. La misión de Lara, según Fidel Castro, era chantajear al presidente venezolano para que dimitiera “Para evitar una guerra civil”.

Para hacer tiempo, Chávez fingió estar escribiendo un borrador de declaración, que al final, según el político cubano, lo que contenía era el juramento de que nunca renunciaría.

“Chávez trata de ganar tiempo con el obispo. Hace borradores de una declaración. Teme que una vez la carta escrita, se las arreglen para eliminarlo. No piensa renunciar. Declara que tendrán que matarlo antes. Y que no habrá entonces solución constitucional”, afirmó.Pero el clamor popular por el líder de la revolución Bolivariana hizo que sus manifestantes se agolparan  lograron tomar el Palacio de Miraflores, que fue abandonado por los golpistas a primeras horas de la tarde. Posteriormente, el 13 de abril, un grupo de comando consiguió liberar a Chávez de la Orchila y fue trasladado a Caracas vía aérea.

Desde las sombras

Otros aprehendidos públicamente fueron el ministro del Interior, Ramón Rodríguez Chacín, y el parlamentario Tarek William Saab, ambos apresados en sus viviendas por fuerzas policiales de municipios comprometidos con los golpistas, ahora autoridad, en medio de turbas de opositores que a gritos pedían la expulsión de los funcionarios.

El Ministro Rodrigez Chacín fue tomado prisionero por la policia municipal de Baruta.  La persona que se ve a la izquierda de la foto, con chaqueta beige, es el ex alcalde de Baruta y ahora Gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonsky.

Los demás aliados de Chávez, entre ellos el para entonces vicepresidente Diosdado Cabello, tuvieron que ocultarse, para planificar una estrategia.

Uno de estos héroes de las sombras fue José Vicente Rangel, en ese entonces ministro de la Defensa, y quien jugó un papel primordial en la organización del rescate militar y la recuperación del hilo constitucional.

En entrevista exclusiva vía correo electrónico con el sitio en Internet de teleSUR, Rangel como encargado de resguardar la soberanía y defensa de Venezuela, articulaba junto a los oficiales leales estrategias de resistencia contra la nueva dictadura.

     "Participé en la articulación de la resistencia a través de los contactos con oficiales leales", recuerda el también periodista, defensor de los derechos humanos y quien luego fue nombrado como vicepresidente desde 2002 a 2007.

Al ser cuestionado sobre qué hubiese ocurrido si los golpistas de ese 11 de abril lograban sus objetivos, José Vicente Rangel fue claro: “Una guerra civil cruenta y larga”.

Sin apoyo

El gobierno de Pedro Carmona estaba en el poder, pero no logró respaldo internacional de peso. Estados Unidos (EE.UU.) y España, gobernados en ese momentos por los conservadores, George W. Bush y José María Aznar, afirmaron en un comunicado conjunto su "interés y preocupación" por los “acontecimientos” que ocurrían en Venezuela, y aunque no reconocieron oficialmente al Gobierno de facto expresaron su “deseo de que la excepcional situación que experimenta Venezuela conduzca en el plazo más breve a la normalización democrática plena”.

En Latinoamérica, el presidente de El Salvador, Francisco Flores, tuvo varios gestos de su reconocimiento al nuevo gobierno y el presidente de Colombia, Andrés Pastrana, llamó por teléfono a Carmona.

Otros gobiernos que apoyaron a Carmona fueron Ecuador, Costa Rica y Nicaragua, intentaron frustradamente dentro de la Organización de Estados Americanos (OEA) que la entidad reconociera oficialmente a la nueva administración.

Frente a esto, los países del Grupo de Río, condenaron la ruptura del orden constitucional en Venezuela, y pidieron al secretario general de la OEA, el colombiano César Gaviria, convocar a una reunión con carácter de urgencia del consejo Permanente del organismo, para analizar la situación y definir la posición al respecto.

El presidente argentino Eduardo Duhalde, el vicepresidente nicaragüense José Mauricio Rizo, el primer ministro de Belice, Said Misa, Cuba, México, Chile y Brasil, a través de su cancillería, condenaron el hecho.
“México y Chile impidieron en abril de 2002 que prosperaran iniciativas de Estados Unidos, España, Colombia y El Salvador para que tuviera éxito el golpe de Estado contra el presidente venezolano, Hugo Chávez”, explicó un tiempo más tarde el ex canciller mexicano, Jorge Castañeda.

El precio de la lealtad

El 12 de abril, la sede de la embajada cubana en Caracas fue víctima del asedio y actos vandálicos por parte de un grupo de opositores venezolanos extremistas y disidentes cubanos en el país, quienes irrespetando la normativa sobre los convenios internacionales de delegaciones diplomáticas extranjeras como la inmunidad diplomática, donde se considera a las embajadas como parte territorial del país que representan, además de algunos de los derechos humanos de los residentes en el recinto.

Se dice que hubo violación de los derechos fundamentales del personal diplomático porque los atacantes abrieron las alcantarillas y cortaron los servicios de electricidad y agua al interior de la sede.

Otros daños materiales fueron la destrucción de vehículos, además de la intimidación por parte de las personas que participaron de la agresión, la que según Cuba, fue comandada por el disidente cubano Salvador Romaní, conocido opositor al gobierno de La Habana. "Este señor (Romaní) llama a las 8:00 de la mañana el día 12 para informar, a la persona que le salió por teléfono, que se dirigía con un grupo de gente a tomar la embajada por asalto", relató poco tiempo después a un diario venezolano el embajador cubano en Caracas, Germán Sánchez.

Luego de varias llamadas a la alcaldía del municipio Baruta, en cuya jurisdicción está la embajada, contó Sánchez, fueron enviados sólo dos policías.

“El jefe de operaciones de la Alcaldía, me imagino que bajo el conocimiento, con la autorización y dirección del alcalde, mandó dos policías para proteger la embajada de una agresión. ¡Dos policías contra el centenar de personas, ávidas de venganza y rencor, ciegas de rabia e ira! Las autoridades estaban, literalmente, con los brazos cruzados”, recordó Sánchez.

Algunas horas más tarde se presentó el para entonces alcalde del municipio Baruta, ahora gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Randonski, para pedir a Sánchez entrar al edificio y verificar que no se encontraran refugiados en su interior funcionarios del depuesto gobierno de Chávez, en especial, buscaban a quien por ley debía reemplazarlo, el vicepresidente Diosdado Cabello.

“Y mientras, los policías no hacían nada. Destruían los carros, los lanzaron dentro de la embajada, les cortaron la electricidad y el agua, pusieron en riesgo sus vidas”, añade el funcionario cubano.

Radonski sería juzgado por su responsabilidad en estos hechos en 2004, pero fue absuelto en 2006. Pero el proceso contra el actual gobernador mirandino fue reabierto en octubre de 2008.

Todos estos sucesos fueron transmitidos por la televisión privada nacional. El canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV), no pudo, pues desde hacía horas había sido tomado por la fuerza por el gobernador de Miranda, el opositor, Enrique Mendoza, quien poco antes había amenazado en televisión con sacar del aire a la planta.

“Aquí no nos estamos chupando los dedos, ni somos ningunos pendejos. El Canal 8 va en las próximas horas fuera del aire. Se las echaron de arrechos para sacar del aire a las televisoras comerciales. A esa basura, que se llama el canal 8, la vamos a sacar fuera del aire”, fustigó Mendoza ese día.

¿Por qué?

Varias son las causas que intentan explicar el golpe. Según la oposición y los medios de comunicación social privados contrarios a la administración de Caracas, nunca hubo un derrocamiento, ni gobierno de facto, simplemente hubo un "vacío de poder" que fue rellenado.

Curiosamente, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prevé este “vacío”, para lo cual activa una línea de sucesión tres altos funcionarios: El vicepresidente, en su ausencia, el presidente de la Asamblea Nacional, si éste no está, le correspondería al presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Ninguno de ellos fue convocado por la oposición.

Una las tesis manejadas por el gobierno de Venezuela es el control del petróleo.

Rangel opina que el golpe de Estado contra el gobierno de Chávez puede explicarse por las ambiciones de Estados Unidos para recuperar el control de la empresa petrolera venezolana, Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

"Se pagó el precio de la poca experiencia de gobierno. Algo que ahora se tiene. Sobre las causas hay muchas, pero la más importante para mi fue la conjura montada por el gobierno norteamericano para recuperar el control de nuestra industria petrolera", dijo Rangel.

Y es que, precisamente unos meses antes del golpe, el gobierno de Caracas había nombrado a una nueva junta directiva en Pdvsa, distinta a los gerentes que durante años la administraron y defendieron la privatización de una de las empresas energéticas más ricas del mundo.

Entonces empezó una campaña, apoyada por los medios televisivos e impresos de circulación nacional, el favor de la “meritocracia”, sobre la que supuestamente siempre habían descansado las bases de la empresa. Otro factor que influyó en los planes conspirativos fue la aprobación de 49 leyes habilitantes por parte del Ejecutivo, a través de un poder dado por la Asamblea Nacional, llamado Ley Habilitante. Esta norma le permite aprobar leyes de interés nacional sin necesidad de que pasen por debates y votaciones a la que estaría sometida en el Parlamento. La idea era, según el Gobierno, agilizar la salida de leyes cuya aplicación era de suma importancia.

Entre las directrices aprobadas en ese momento destacan la Ley de Reforma Agraria, que prohíbe entre otras cosas el latifundio y la ociosidad de tierras, y la ley Orgánica de Hidrocarburos Líquidos. Las dos legislaban sobre importantes recursos económicos, que tradicionalmente habían sido administrados por las clases empresariales o élites políticas.

Sangre necesaria

Cuando cientos de opositores concentrados en Pdvsa Chuao, al este de Caracas, aceptaron desviar su "marcha pacífica" hacia Miraflores para exigirle al presidente Chávez que renunciara, no podían imaginar lo que allí iba a ocurrir.

En cuestión de minutos, en pleno centro de Caracas, cercanos al palacio presidencial, 19 personas, murieron, casi todas con tiros fulminantes en la cabeza. Los caídos no fueron exclusivos de la oposición, pues en las inmediaciones de Miraflores, desde hacía días un grupo de afectos al gobierno de Chávez, se encontraban concentrados.

Esa misma tarde, efectivos de la Casa Militar (guardia presidencial) y de la Disip (policía política), arrestaban a siete presuntos francotiradores en el Hotel Ausonia, contiguo a la sede presidencial. El 12 de abril, al día siguiente de consumado el golpe, los sospechosos fueron dejados en libertad, sin restricciones, por un juez temporal.

Aunque aún no se conoce a ciencia cierta la identidad de los tiradores, algunos medios de comunicación social publicaron versiones. El portal español Rebelión, a mediados de junio de 2002, aseguró que el equipo estaba conformado por dos extranjeros y cinco venezolanos.

“Los cuerpos policiales y de inteligencia lograron identificar a las personas que dispararon desde el hotel Ausonia, en el centro de Caracas, contra los manifestantes opositores y seguidores de Chávez el 11 de abril, a partir de rastros e informaciones recabadas en el establecimiento, aeropuertos y oficinas de identificación. Se trata de cinco ciudadanos venezolanos, uno colombiano y otro estadounidense radicado en el país, quienes abandonaron el país a mediados de abril, pero son buscados por la Interpol en toda América Latina”, relató el diario.

La teoría de los francotiradores puestos por los golpistas cobró vida cuando el ex corresponsal de CNN en Venezuela para esa fecha, Otto Neustald, reveló meses después en un foro ante estudiantes de comunicación social en la venezolana ciudad Maracay, que él mismo había grabado horas antes de que cayera el primer muerto un video, que transmitieron los medios en plena masacre, donde los altos mandos militares leían un comunicado donde ya se hablaba de muertos y se desconocía la autoridad del presidente.

Neustald afirmó que se filmaron varios ensayos antes de grabar el vídeo definitivo, los cuales se grabaron “dos horas antes de producirse los primeros muertos”. En estos ensayos el vicealmirante Héctor Ramírez Pérez afirma que “está masacrando a personas inocentes con francotiradores. Para este momento van seis muertos y decenas de heridos en Caracas”.

El canal Venevisión, propiedad de Gustavo Cisneros, transmitió una y otra vez imágenes de los supuestos asesinos: un grupo de concejales del partido de gobierno que disparaban hacia un punto que en la grabación nunca determinan con exactitud.

A estos hombres, a los que se les llevó a la justicia y fueron absueltos, los medios de comunicación los bautizaron como "los pistoleros de Puente Llaguno", pues fue desde esa infraestructura que descargaron sus armas.

Como después lo explicarían ellos mismos, y quedaría registrado en grabaciones desde otros ángulos, los concejales disparaban hacía un contingente de la Policía Metropolitana (PM), en ese momento bajo las órdenes de Alfredo Peña, ex alcalde Mayor, opositor, aunque llegó al cargo con el apoyo de Chávez.

En el documental, “Puente Llaguno: Claves de una masacre”, del director Ángel Palacios, se muestra que los llamados “pistoleros” disparaban hacia una zona despejada, a la que no llegó nunca la marcha opositora y lo hacían para defenderse de las balas provenientes tanto de francotiradores como de la PM.

El 13 de abril de 2002 el Palacio Presidencial fue escenario de la valentía del pueblo venezolano, que exigía la liberación del presidente Chávez.

ALBA