Brasil: Ocho senadores pro golpe en el caso de corrupción de Petrobras
Frente a la imagen de limpieza democrática y de lucha contra la corrupción que la oposición brasileña intenta exportar al mundo con el apoyo de los grandes medios de comunicación occidentales, lo cierto es que al menos ocho de los 21 senadores de la comisión que analiza si la presidenta Dilma Rousseff debe ir a juicio político, figuran en el caso de corrupción en Petrobras.
El golpe de Estado "blando" contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, avanza así en manos de la comisión de 21 senadores que analiza si la mandataria debe ser sometida a un juicio político. Ocho de esos senadores, que buscan juzgar a Rousseff por delitos no comprobados, tienen un amplio historial de corrupción, como por otra parte es habitual en la clase política brasileña.
Los integrantes de la comisión se designaron el martes y muchos aclararon su postura a favor de la destitución de la presidenta. En su mayoría son de miembros de la oposición y cargan con un historial de denuncias por corrupción en los cargos anteriores que han desempeñado.
Algunos de ellos son objeto incluso de investigaciones en el Supremo Tribunal Federal (STF) del país porque figuran como sospechosos en el escándalo de corrupción en la empresa estatal Petrobras.
Evasión de impuestos, lavado de dinero y malversación de fondos son algunos de los actos ilícitos por los que se les ha señalado. Las acusaciones de irregularidades llegan a puntos insólitos, como en el caso del senador del Partido Democrático Laborista (PDL), Telmario Mota de Oliveira, que es sospechoso de dirigir peleas de gallos.
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La comisión es presidida por el opositor Raimundo Lira, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que rompió lazos con el Gobierno, y conducida por el vicepresidente Michel Temer, quien asumiría el poder en caso de una destitución de Rousseff. El relator es Antonio Anastasia del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
Wellington Fagundes, del Partido de la República (PR), también es acusado por malversación de fondos.
“Ellos son acusados, yo no tengo acusación. Lo más extraño es que quien me juzga es corrupto”, manifestó Dilma Rousseff en un acto después de conocerse los nombres de los integrantes de la comisión. La mandataria enfrenta un golpe de Estado bajo la figura de juicio político, según denuncian diversos sectores de Brasil.
De aprobarse, Rousseff sería sustituida por el actual vicepresidente Michel Temer, quien rompió alianza con el Partido de los Trabajadores (PT) y contra quien pesa también un pedido de proceso de juicio político.
La comisión, formada por 21 senadores con representación en la Cámara Alta, tendrá 10 días para debates, en los que serán escuchados tanto los responsables de la acusación como de la defensa de la presidenta, representada por la Abogacía General del Estado.
El 28 de abril los denunciantes y abogados expondrán sus alegatos. El 29 de abril Rousseff presentará su defensa y se estima que el 4 de mayo se presente el informe. Luego el 6 el senado votará para decidir si admite o no el juicio.
Algunas razones para la persecución
Las verdaderas razones para tratar de derrocar a la presidenta se esconden tras la política exterior independiente y el activo papel del país en el grupo BRICS. La fase activa de la confrontación entre la oposición pro estadounidense y el gobierno de Brasil se puso en marcha en septiembre de 2015. En todo el país se sucedieron las protestas multitudinarias en apoyo de la presidenta en ejercicio y en su contra. Dilma Rousseff fue acusada de estar involucrada en el escándalo de corrupción en Petrobras, así como en evasiones de impuestos y fraude financiero durante la campaña electoral de 2014.
Geopoliticamente hablando, la principal potencia extranjera interesada en la destitución de Dilma Rousseff son los Estados Unidos. Estados Unidos busca recuperar el control sobre América Latina. Para ello, tratan de someter a los dos principales poderes del continente: Argentina y Brasil. En Argentina ya han impulsado al poder a su títere liberal, Mauricio Macri. Ahora toca Brasil. Esta situación es una reminiscencia del cambio del equilibrio geopolítico en Europa en la década de 2000. Una vez que el eje "París-Berlín-Moscú» fue delineado en 2003, los Estados Unidos impulsaron al poder a Nicolas Sarkozy en Francia, y a Angela Merkel en Alemania.
El procedimiento de juicio político no es más que un golpe de Estado planificado y un ataque a la legitimidad democrática. De acuerdo con las leyes y la constitución, el presidente del país puede ser destituido sólo por un delito que haya sido probado, lo que no es el caso.
Katehon - teleSUR