Iberoamérica: prosigue la guerra híbrida contra los proyectos nacionales soberanistas

19.04.2016

Haciendo un breve repaso de lo acontecido durante la semana pasada en Iberoamérica, cada vez parece más claro que la misma se enfrenta a una nueva ofensiva del vecino del norte con objeto de controlar el "patio trasero" e impedir que las naciones sudamericanas persigan sus propios intereses y objetivos. No obstante, y a diferencia de operaciones anteriores como el famoso Plan Cóndor, que se desarrolló en varios lugares de América y que contó con la colaboración de los servicios de inteligencia de EEUU (suponiendo la instauración de un sistema de represión mediante dictaduras en diferentes países de la región durante la década de los 70 y principios de los años 80), las actuales operaciones contra los legítimos gobiernos del cono sur americano siguen las directrices de la conocida como "Guerra híbrida".

Como se explica en el Manual de Guerra no convencional de las Fuerzas Especiales de EEUU (2010): "Los esfuerzos de EEUU con la Guerra no convencional están dirigidos a explotar las vulnerabilidades psicológicas, económicas, militares y políticas de un país adversario, para desarrollar y sostener las fuerzas de la resistencia y cumplir los objetivos estratégicos de EEUU". Así, el objetivo central es interrumpir los proyectos nacionales y transnacionales multipolares dentro de un país, a través de conflictos de identidad (étnicos, religiosos, políticos, etc.) provocados externamente. En el caso concreto de Brasil, la asociación económica BRICS parece ser uno de los principales objetivos de esta "Guerra Híbrida", entre otras muchas razones, por su plan de realizar el comercio internacional en las monedas propias, evitando el dólar norteamericano, por la creación del Nuevo Banco de Desarrollo del BRICS, o por su intención de aumentar la integración en Eurasia.

Y así al menos parece que lo perciben los distintos líderes políticos que en los últimos días se han manifestado con claridad al respecto, como Rafael Correa, Evo Morales, Nicolás Maduro, Dilma Rousseff o Cristina Fernández de Kirchner.

ECUADOR

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, hizo un llamamiento el jueves de la semana pasada a la unidad de los pueblos sudamericanos y del Caribe para impedir "los ataques desestabilizadores y golpistas" por parte de las fuerzas "hambrientas de poder". Correa advirtió sobre la posibilidad de un nuevo Plan Cóndor contra determinados gobiernos de la región, pero subrayó que "la unidad de los países libres y soberanos dejará la conspiración sin éxito". "Seguiremos dando la batalla desde la calle" con los que observan a diario "el verdadero cambio histórico que vive el continente suramericano", dijo Correa, resaltando a su vez los avances en educación, salud y cultura que se han producido durante su mandato. Las manifestaciones del presidente ecuatoriano tuvieron lugar en el contexto de masivas movilizaciones para respaldar al Gobierno y contrarrestar las protestas convocadas por la oposición, que se concentró en diferentes zonas de la capital contra el plan del mandatario para aplicar nuevos impuestos, entre ellos, a la salida de capitales del país.

BOLIVIA

Por su parte, en Bolivia, apenas un par de días después, el presidente Evo Morales alertó a los pueblos sudamericanos sobre la nueva modalidad de la derecha neoliberal para derribar gobiernos, utilizando golpes judiciales y parlamentarios en lugar de asonadas militares o civiles. "Ahora los golpes ya no son militares ni civiles, son de carácter judicial y parlamentario, y las campañas mediáticas y políticas están orientadas a debilitar la imagen de los gobernantes antimperialistas y dañar la estabilidad de los países", subrayó. "Para llegar donde hemos llegado en Bolivia", enfatizó Morales, "ha sido muy importante la unidad del pueblo, de todos los sectores sociales. Habrá acusaciones, mentiras, y los neoliberales -más conocidos en el país como los "vendepatrias" intentarán todo para acabar con este proceso", añadió.

"Los hemos derrotado en todas las batallas anteriores, subrayó, pero en el referendo del 21 de febrero pasado no pudimos vencerlos en las redes sociales, una nueva forma que utilizaron para hacer campañas políticas basadas en mentiras y la manipulación", dijo Morales tras repasar las distintas tentativas para echarle del poder. "Con la unidad del pueblo y los distintos sectores sociales, este proceso va a continuar, y seguirá inaugurando obras porque la economía nacional continúa creciendo, como ya reconocen los organismos internacionales cuando hablan del modelo económico boliviano". "Antes decidían aquí los "Chicago boys" y hoy lo hacen los "Chuquiago (palabra aymara) boy", es decir, aclaró el mandatario, "antes decidían los gringos nuestras políticas y hoy lo hacemos los indios bolivianos", recalcó.

Después de reiterar su solidaridad con la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y la exmandataria de Argentina, Cristina Kirchner, sometidos a feroz ataque mediático, Morales dijo que se busca cualquier pretexto para inhabilitar a Lula como candidato a las próximas elecciones de Brasil.

BRASIL

El propio Lula da Silva en un acto celebrado en Río de Janeiro el lunes día 11, acusó al vicepresidente Michell Temer y al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, de ser los principales autores del plan de destitución de Rousseff (Cunha, uno de los promotores de la convocatoria de destitución, es investigado por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la estatal Petrobras, y sobre él recaen además varias investigaciones por presuntas actividades ilícitas). El acto coincidió con una masiva concentración de apoyo a la presidenta brasileña cerca del edificio de Congreso, después de que la comisión parlamentaria aprobara que la mandataria sea sometida a un juicio político por acusaciones de violar leyes fiscales. 38 diputados de la comisión especial de legisladores votó por el juicio político, mientras que 27 lo rechazó. La sesión de juicio político pasó al Congreso, donde el domingo a la noche se tomó la decisión de admitir la solicitud de destitución. Si después el Senado la ratifica, Rousseff sería separada de su cargo por un plazo máximo de 180 días en espera de que la Cámara alta dé su fallo definitivo.

Dilma Rousseff, por su parte, califica de intento de golpe de Estado la decisión de un juicio político en su contra. Advirtió también de que en los próximos días pudieran producirse ataques desesperados de quienes pretenden dar un golpe de Estado en el país a través del proceso de "impeachment". "Hay que estar atentos y vigilantes, los golpistas intentarán de todo: tomar las calles, intimidarnos, dar a conocer nuevas filtraciones ilegales y facciosas, formular nuevas acusaciones sin pruebas y levantar calumnias", afirmó Rousseff, quien añadió: "El golpe no es contra mí, sino sobre todo contra el proyecto que yo represento y que en los últimos 13 años contó con el apoyo del pueblo y el trabajo incansable de los movimientos sociales y aquellos que querían ver un Brasil más fuerte y con iguales oportunidades para todos".

Pero el "impeachment" de Rousseff por supuesta adulteración de las cuentas públicas han provocado no solo el rechazo de la propia presidenta, sus simpatizantes y algunos países regionales como Bolivia, Ecuador y Chile, sino también de ciertos organismos internacionales, como la OEA, o la UNASUR, que mostró su preocupación por el avance del proceso sin que se haya comprobado la comisión de delito alguno.

VENEZUELA

Parecida situación de acoso se vive en Venezuela, donde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró inconstitucional la ley de Amnistía aprobada por el Parlamento, para poner en libertad a violadores de los derechos humanos, criminales comunes y opositores encarcelados. Entre las razones del Tribunal, destaca la infracción del artículo 29 de la Carta Magna y de los acuerdos internacionales firmados por el Gobierno, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Nadie sabe qué consecuencias traerá una decisión de este tipo para la democracia venezolana, pues si el Estado -y hay recordar que el Parlamento donde domina la oposición es parte del Estado- viola las leyes, tácitamente da un aval al resto de la sociedad para que lo haga también.

Esta decisión provocó diversas y significativas reacciones, como la del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, que expresó "serias preocupaciones" sobre la imparcialidad de la justicia en su país. Por su parte, el diario estadounidense The Washington Post dedicó un duro editorial al Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, en el que aseguró que la situación en el país requiere de forma "desesperada" la intervención política por parte del resto de Estados americanos.

Frente a estos ataques, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció este jueves ante la ONU un "acoso permanente" para tratar de "aislar" a Venezuela. Días antes, Maduro criticó a Washington por sus políticas intervencionistas en otros países del mundo. “El imperio se ha encargado de sembrar el odio a través del intervencionismo”, adujo el jefe del Gobierno venezolano en una ceremonia celebrada para homenajear los 14 años del golpe de Estado del 11 de abril de 2002, perpetrado por la derecha venezolana y apoyada por EEUU contra el difunto presidente Hugo Chávez. También urgió al presidente estadounidense Barack Obama a derogar el decreto presidencial que renovó contra Venezuela, en l que califica al país Caribeño como una amenaza para la seguridad de EE.UU. Además, anunció la creación de la Comisión por la Verdad que investigará la violencia ocurrida en las protestas antigubernamentales de 2014, bajo el patrocinio del secretario general de la Unasur, para garantizar la “no repetición de golpes de Estado, de guarimbas y de atentados” orquestados por el sector de la derecha. Maduro denunció además que Venezuela es asediada financieramente en el ámbito internacional mediante ataques desde Estados Unidos para boicotear el acceso y facilitación de créditos a ese país latinoamericano.

ARGENTINA

Por su parte, en Argentina, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, gestionando en Washington nuevos préstamos, admitió que su gobierno endeudará mucho más al país que lo fijado por el Congreso para pagar a los fondos buitre, emitiendo bonos de deuda hasta 15 mil millones de dólares, cuando tanto el Senado como la Cámara de Diputados fijaron la cifra en 12 mil millones. Lo declarado por Prat-Gay para justificar el oneroso endeudamiento es lo mismo que dijeron Carlos Menem y su ministro de Economía Domingo Cavallo, que hundieron al país en la crisis más profunda de su historia.

Mientras tanto, miles de argentinos acudieron el aeropuerto Jorge Newbery de Buenos Aires para recibir a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien debió presentarse el miércoles ante la justicia para responder a las preguntas sobre la acusación de la oposición que vincula a la exmandataria con el caso de “fraude contra la administración pública” por las ventas del dólar futuro, gestionada por el Banco Central durante el Gobierno de Fernández. La propia Cristina Fernández instó al pueblo argentino a crear un Frente Ciudadano que defienda la libertad y todas las conquistas sociales alcanzadas en los últimos 12 años, y llamó a unir esfuerzos para garantizar la protección de sus derechos, ante las acciones neoliberales del actual mandatario, Mauricio Macri, que en sólo cuatro meses al frente de la nación argentina ha devaluado en un 40% la moneda nacional, ha triplicado las tarifas de servicios básicos y pactó con los fondos buitre el pago de una deuda que le costará a los argentinos 12.000 millones de dólares.

PERÚ

En Perú, aunque expresidentes neoliberales peruanos como Alan García y Alejandro Toledo entraron en el ocaso político tras la severa derrota electoral sufrida en los comicios, la también neoliberal Keiko Fujimori, de Fuerza Popular (derecha), ganó las elecciones celebradas el domingo en Perú con casi el 40 por ciento de los votos, pero tendrá que disputar una segunda vuelta con Pedro Pablo Kuczynski (ex ministro de Economía y ex funcionario del Banco Mundial, neoliberal también), de Peruanos Por el Kambio, quien supera a Verónika Mendoza, del Frente Amplio.