Frontera cerrada al norte. Frágil frontera del sur. Geopolítica religiosa, étnica y ecologista en medio.

27.06.2019

Destino de México

El acuerdo del viernes entre los gobiernos de Estados Unidos y México para cerrar la frontera sur de México con Guatemala es un ataque ilegal al derecho de asilo y un esfuerzo del imperialismo estadounidense para militarizar aún más la región centroamericana.

Bajo el acuerdo, el gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador continuará colaborando con la administración de Trump al obligar a los centroamericanos atrapados al intentar cruzar a Estados Unidos, a permanecer en México mientras esperan por sus procedimientos de asilo en EEUU. México también desplegará a 6 mil miembros de la recién estrenada Guardia Nacional el lunes a lo largo de la frontera sur con Guatemala, y bloqueará el paso a través de toda la frontera en lugar sólo de los puntos de entrada.

Como resultado del acuerdo, innumerables personas empobrecidas de Honduras, Guatemala y El Salvador serán asesinadas, torturadas y perseguidas por el gobierno o las pandillas que operan con impunidad.

A medida que se dio la noticia del acuerdo, el Washington Post informó que el gobierno de EEUU comenzará a albergar entre 3 mil y 4 mil niños inmigrantes en campos de internamiento en bases militares. La Base de la Fuerza Aérea Malmstrom en Montana, la Base del Ejército Fort Sill en Oklahoma y la Base del Ejército Fort Benning en Georgia están bajo consideración. El Washington Post escribió que estos miles de niños "no tendrán la programación educativa o las actividades recreativas que normalmente se requieren en los centros infantiles".

La política migratoria mexicana en influida en Washington

Prácticamente no hay oposición al acuerdo o al ataque de la administración Trump contra los inmigrantes entre las facciones de la clase dominante, ya sea en EEUU o México.

Trump ha rechazado las súplicas y promesas de López Obrador como meras “palabras” y ha exigido “acción”. Sus asesores le han mencionado a la prensa que Trump tiene la intención de imponer la primera ronda de aranceles el próximo lunes 25.

Los aranceles —cuyo objetivo es movilizar a la base de apoyo nacionalista y derechista republicana. en respuesta a los llamados cada vez más amplios a destituirlo— pondrían enormes presiones sobre las empresas exportadoras en México para intensificar la explotación de una clase trabajadora que ya está declarando huelgas y protestas exigiendo mejoras en sus condiciones de vida.

Esto amenaza con las ganancias de los intereses empresariales y financieros que representan López Obrador y su Movimiento Regeneración Nacional. La clase gobernante mexicana se enriquece de manera desmesurada en las últimas décadas imponiendo recortes sociales, privatizaciones y desregulación. a fin de convertir a México en plataforma de mano de obra barata para emprendedores extranjeros. El nuevo Gobierno hace lo mismo

El subsecretario mexicano para América del Norte, Jesús Seade, le comentó a la agencia Reuters que el Gobierno busca intensificar sus medidas para frenar los flujos migratorios. López Obrador aplaudió la “disponibilidad de parte de los funcionarios del Gobierno de Estados Unidos para establecer un diálogo y llegar a acuerdos y compromisos”, describiendo esto como un buen “primer paso”.

En cuanto al nuevo tratado comercial norteamericano, que involucra importantes concesiones a EEUU como la prohibición de un acuerdo de libre comercio con China, López Obrador dijo que, pese a las amenazas arancelarias, “una amplia mayoría de legisladores de todos los partidos se pronunciarán a favor haciendo a un lado las banderas partidistas”.

En su carta el jueves, López Obrador declaró: “recuerde que no me falta valor, que no soy cobarde ni timorato, sino que actúo por principios”. Combinó esto con una invocación de su propia versión mexicana de la demagogia de Trump de “Hacer grande a Estados Unidos de nueva cuenta”, prometiendo que los aranceles no detendrían el ascenso de México al estatus de “una potencia”.

En busca de mano de obra barata

Su política de promover el “desarrollo económico” en Centroamérica es, en realidad, una política para subordinar más firmemente a los trabajadores en la región al afán de lucro del capital financiero globalizado. Esto va de la mano con ataques más profundos a sus condiciones sociales y medidas policiales-estatales para reprimir toda oposición en la región.

Los primeros seis meses de López Obrador en el cargo hablan por sí mismos con respecto a su “humanitarismo”. Entre diciembre y mayo, el número de deportaciones de México se triplicó a 15.600.

AMLO ha mantenido a miles de refugiados centroamericanos que buscan asilo encerrados en campos hacinados e insalubres del lado mexicano de la frontera como parte de su capitulación a las demandas estadounidenses de que los solicitantes permanezcan en México, en violación a las leyes y protocolos de asilo. Un total de 6.748 migrantes centroamericanos ha sido enviado de EEUU a México a esperar el resultado del trámite de asilo.

México ha dejado de entregar visas “humanitarias” de un año en la frontera con Guatemala. Este documento, apodado la “visa vete”, está en sí diseñado para desincentivar que los refugiados soliciten asilo, lo que los calificaría legalmente para ayuda de vivienda y otros servicios sociales.

En una operación importante en la ciudad fronteriza de Tapachula, estas agencias detuvieron a migrantes como parte de una caravana de alrededor de 100 centroamericanos mientras descansaban en la plaza central. El mismo trato se le otorgó a más de mil migrantes de Haití, África y Cuba que se estaban quedando en carpas y hoteles en distintas partes de la ciudad.

Los refugiados, quienes ya han agredido a la población chiapaneca, temen una represión aún más severa después de la amenaza arancelaria de Trump. Cabe notar que Trump se basa en las políticas que buscaban maximizar las detenciones y deportaciones desde México implementadas en 2014 bajo el Plan Frontera Sur del Gobierno de Obama, en colaboración con la Administración de Peña Nieto, estableciendo una red militarizada de puestos de control y campos de internamiento por todo el sur de México.

Más de 200 trabajadores de la maquila textil Jobar en Aguascalientes, una ciudad en el centro del país, llevaron a cabo una huelga espontánea después de que les dijeran que no recibirían utilidades anuales. El mismo día, un número similar de trabajadores inició una huelga en la planta de ensamblaje de Volkswagen en Silao por la misma razón.

El Gobierno también se está enfrentando a una resistencia cada vez mayor a un programa agresivo de despidos en las instituciones federales, que potencialmente involucrarían el recorte de 222.600 puestos, principalmente técnicos y de servicios esenciales.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía anunció que despediría a 1.500 trabajadores. En los primeros cinco meses de este año, la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales ha despedido a más de 16 mil trabajadores, de los cuales dos terceras partes eran de nivel básico.

Los trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado llevaron a cabo marchas y bloqueos en el centro de la Ciudad de México la semana pasada contra amenazas de despedir a 10 mil trabajadores o 10 por ciento del personal, incluyendo personal médico.

Deficiencias en la inteligencia del Estado

El geopolítico uruguayo Mario Ramón Duarte dio esta definición de soberanía en geopolitica,ru

"La Defensa Nacional es una de las funciones básicas del Estado, cuyo propósito es proteger a la población, preservar el territorio nacional y resguardar la capacidad estatal en el ejercicio de su soberanía, frente a amenazas externas, contra estos elementos fundamentales del país, todos ellos a través de su instrumento militar.
"Las Fuerzas Armadas, que serán empleadas ante agresiones de origen externos perpetradas por fuerzas armadas de otros estados, ya sea en forma disuasiva o efectiva, con el objeto de poner coto a las mencionadas agresiones.- La Defensa debería ser considerada un bien público en un sentido integral de su concepción".

El Centro de Inteligencia opera con 99% de personal del Cisen

Miguel Badillo director de la revista mexicana Contralónea y colaborador de la Red Voltaire analiza las limitaciones de la inteligencia mexicana, que no es inteligencia de Estado y que es un poco demasiado tarde para esforzarse por ella. 4 meses después del cambio de gobierno, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) opera con el 99% de los 3 600 empleados que trabajaban en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), órgano de inteligencia responsable del espionaje político durante los gobiernos priístas y panistas.

Al mantener al mismo personal y sólo cambiar a la cabeza, este “nuevo” Centro hereda prácticamente los viejos vicios del Cisen: opacidad y falta de transparencia, espionaje (escuchas ilegales), exorbitantes salarios, falta de control y vigilancia, abusos y derroche del presupuesto público, que por cierto este último asciende a 2 mil 490 millones 693 mil 791 pesos (16 por ciento menos que el año pasado) para 2019.

Ese espionaje político que viene de gobiernos anteriores ha quedado al descubierto con la apertura de expedientes de la Galería Uno del Archivo General de la Nación (AGN), donde se integraron 1 mil 937 versiones públicas del espionaje a personas, organizaciones e instituciones, elaborados por la Dirección Federal de Seguridad, la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales y la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación.

Enlaces con las informaciones sobre ciberataques lanzados contra la América Latina: