El caso “Plata como cancha”: lecciones sobre la ética profesional del periodista

El juez Raúl Jesús Vega, del 30° Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Lima, sentenció por el delito de difamación a Christopher Acosta, autor del libro “Plata como cancha”, a dos años de prisión suspendida y el pago de una reparación civil de 400 mil soles, tras una denuncia interpuesta por el agraviado, el empresario y político peruano César Acuña Peralta.

Este caso pone sobre el tapete el tema de la libertad de prensa y también del ejercicio del periodismo. El juez consideró que 36 frases sobre Acuña que se encuentran incluidas en “Plata como cancha” son difamatorias porque el autor no habría corroborado los testimonios y no presenta pruebas de sus afirmaciones. Tras la sentencia –que ordena el pago de una reparación civil por parte de Jerónimo Pimentel y la editorial Penguin Random House– inmediatamente muchos periodistas expresaron que es un “atropello al libre ejercicio del periodismo”.

Al respecto, el abogado James Quiroz afirma que “los periodistas muchas veces carecen de una formación jurídica elemental sobre derechos fundamentales comprometidos con el ejercicio de su función, como el contenido constitucional al derecho al honor o la presunción de inocencia; lo que es peor, no muestran predisposición por conocer cuáles son sus límites jurídicos en el quehacer de investigación”.

Quiroz se muestra preocupado por los periodistas porque, al parecer, se ha normalizado la vulneración de ciertos derechos fundamentales como el derecho a la intimidad, a la privacidad, la presunción de inocencia o el derecho al honor, so pretexto de ejercer su derecho a la información.

Para graficar su análisis de manera didáctica, pone estos ejemplos de afirmaciones en relación al desempeño moral y profesional de alguien, sin verificar o corroborar la veracidad de lo afirmado: “Juan Pérez es un violador de menores, así dijo X; Juan Pérez ha robado dinero cuando fue gerente, refirió Y en una entrevista, etc.”. Y pregunta: “¿Considera que dichas frases, aun cuando fueran citas de terceros tomadas de algún diario, vulnerarían su reputación y su honor?”.

Por su parte, el periodista Manuel Rodríguez Romero –exdecano del Colegio de Periodistas del Perú– filial La Libertad propone que dicho gremio y sobre todo las escuelas o facultades de ciencias de la comunicación de las universidades organicen conferencias y debates acerca de la libertad de expresión y el derecho al honor. “Con los debates no solo los periodistas despejarán dudas y aclararán ideas acerca de estos derechos que consigna la Constitución Política del Perú y la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, que dice que toda persona tiene derecho a difundir información, a tener libertad de prensa y expresión y manejar datos, siempre y cuando no afecte la reputación de manera indebida de las personas”.

Debemos señalar que en el artículo “Apología del terrorismo y libertad de expresión” escribo sobre la libertad de prensa y de expresión en el Perú: “El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) solicitó al presidente Pedro Castillo Terrones más transparencia y una mejor comunicación con el periodismo durante una reunión en el Palacio de Gobierno. Ponemos de relieve la necesidad de respetar y promover la libertad de expresión y de prensa en beneficio de la democracia peruana, en vista de recientes agresiones a periodistas, de las limitaciones que existen a su labor diaria y de la vulneración de las Declaraciones de Chapultepec y de Salta”.

Finalmente, el analista Juan Sheput, en una entrevista con el periodista Luis Carbajal en Stereo Diplomat Radio se refirió a los titulares en primera página de El Comercio y La República, respecto a la condena al periodista Acosta. "¿Protestaron cuando Pedro Castillo mandó una carta al MTC, a fines de julio, antes de asumir la presidencia, para que le quitaran la licencia a Willax y para que se enjuicie a Beto Ortiz, Phillip Butters y Milagros Leyva? No protestaron, es decir, cuando se trata de sus amigos sí protestan”. Señaló, finalmente, que todas las personas que consideran que su honra ha sido dañada, tienen derecho ir a los tribunales.