Victimas irlandesas del Ejército de ocupación británico protestan en Londres

Una campaña de la ONG Pat Finucane Centre (PFC) pedirá esta semana en Londres que se investiguen los asesinatos y las muertes de ciudadanos irlandeses a manos de las fuerzas de ocupación británicas desde su despliegue en Irlanda del Norte en 1969. La PFC se fundó en memoria del abogado norirlandés Pat Finucane, asesinado en su casa en 1989 por paramilitares protestantes lealistas con la colaboración de agentes de inteligencia del Reino Unido, como admitió el gobierno años después.

La campaña, denominada #whatpricealife (qué precio para una vida), y que cuenta con el apoyo de familiares de las víctimas, además de denunciar los crímenes del Ejército británico, señala también los engaños de los que fueron objeto las familias de las víctimas a partir de las ridículas indemnizaciones que el Ministerio de Defensa ofreció por los civiles asesinados entre finales de 1970 y finales de 1990, que el PFC cifra en más de 300 civiles muertos a manos de los soldados británicos, el 95% de los cuales eran ciudadanos pertenecientes a la comunidad católica o nacionalista y la absoluta mayoría varones de entre 16 y 25 años.

La protesta, que se hará visible gracias a los enormes carteles con retratos de las víctimas instalados en varias furgonetas que circularán por la capital británica, destaca casos como los de la muerte a tiros de Kevin Heatley, de 12 años, por el que Londres pagó 750 libras (unos 870 euros al cambio actual), justificando esa cantidad como "lo normal para su edad", o el caso de la viuda de Christopher Quinn, que recibió 500 libras para mantener a sus cinco hijos, aunque un informe oficial certificó que su marido era inocente y recomendaba una indemnización de 10.000 libras, según documentos de los Archivos Nacionales de Reino Unido desclasificados recientemente.

Miembros del PFC y de las familias se han reunido con diputados de varios partidos en el Parlamento británico para demandar al gobierno que reconozca la injusticia de las indemnizaciones y que investigue las muertes, ya que no se habrían investigado la mayoría de casos en los que el Ejército es culpable.

La campaña quiere servir tambień como advertencia ante la inmunidad que la primera ministra, Theresa May, pretende conceder a los soldados británicos en situaciones de conflicto para protegerlos contra posibles denuncias por su actos en lugares como Irak, Afganistán o Irlanda.