Colombia reconoce los asesinatos de 58 líderes comunales y campesinos en 2016

El gobierno colombiano, por medio del Ministerio del Interior, ha admitido el asesinato de 58 líderes comunales y campesinos este año a manos de criminales a sueldo en todo el territorio nacional.

El ministro del interior, Juan Fernando Cristo, declaró existen instituciones que dan otras cifras que no se corresponden con las que maneja el gobierno, cuyo registro de víctimas es de 58. A pesar de todo, sin embargo, el Gobierno dice no haber encontrado una sistematicidad en estos crímenes.

Cristo afirmó en el caso de los departamentos de Cauca y Nariño, en el extremo sur del país, donde las FARC-EP están abandonando dichos territorios tras el acuerdo de paz, existen grupos del narcotráfico que son los autores de algunos asesinatos de activistas locales.

Sobre las afirmaciones del gobierno, el senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, dijo que comparte el criterio del ministro en relación con que estos homicidios dirigidos representan una amenaza muy seria contra el proceso de paz, y valoró que el presidente Juan Manuel Santos haya manifestado su intención de poner fin a esta situación.

Cepeda añadió que trata de un plan sistemático de exterminio de activistas de izquierda y dirigentes agrarios locales, con mayor énfasis en las regiones apartadas del país.

En relación a este asunto, el diario El Tiempo de Bogotá denunció en su edición de este jueves el asesinato esta última semana de los líderes campesinos Erley Monroy, Didier Loaiza Barreto, José Antonio Velasco, Rodrigo Cabrera y John Rodríguez, en San Vicente del Caguán (Caquetá), Caloto (Cauca), Policarpa (Nariño) y La Macarena (Meta).

El presidente Santos anunció el martes pasado durante una reunión con la Comisión de Alto Nivel para la Protección de los Derechos Humanos, que convocará a los gobernadores de las demarcaciones de Cauca, Nariño, Caquetá, Meta y Norte de Santander, los departamentos más azotados por esta ola de violencia, para analizar esa grave situación.

Determinados medios y políticos colombianos responsabilizan de esos crímenes contra activistas políticos y sociales a grupos del narcotráfico, de paramilitares activos, de sicarios de la oligarquía y a caciques políticos.