Quebranto en la producción legal de opioides en Estados Unidos

Tres empresas de gran calibre, todas en el top 20 de la lista Fortune 500 y y sobre todo muy rentables por el giro al que se dedican (derivados del opio con fines "curativos"), han dominado la distribución de los opioides en Estados Unidos: McKesson, Cardinal Health, y AmerisourceBergen, cuyos ingresos combinados superan los 450 mil millones de dólares.

El presidente y director general de McKesson, John Hammergren, tiene el mayor fondo de pensión de cualquier jefe empresarial. The Wahington Post, un poco antes de WSWS dio a conocer algunos pormenores de este hito en la lucha contra las adicciones.

Lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos tiene su antecedente en el comercio de opio con el que la Gran Bretaña saturó a China siguiendo los senderos que unen a este país con la India. La Compañía británica de Indias orientales, fundada por la reina Isabel I de Inglaterra al inicio del siglo XVII después de la conquista de la joya de la corona (la India), se dedicó primero al comercio de pieles, indumentaria de algodón y no tardó en pasar al giro del opio.

Ese comercio llevó a la fundación del Banco corporativo Shangai Hongkong, por cuyos circuitos se formó el primer consorcio financiero británico, que, como todos los que llegaron después, basaron su esplendor en la actividad criminal e impactaron negativamente el desarrollo de la civilización.

Se trata en este caso, pues, de un nido financiero personal. Sus vínculos financieros aún no se conocen. WSWS llama la atención del lector sobre este giro en la distribución de sustancias adictivas, derivadas de alcaloides en un ambiente comercial absolutamente abierto y legal.

Una reseña de un caso judicial de peso completo

Esas inmensas ganancias y fortunas personales se acumularon por medio de algo que sólo puede describirse como un enorme crimen social: los barrios de clase obrera de mayor miseria se llenaron de opioides, es decir, de narcóticos prescritos en altas cantidades por medicos y farmacéutas, además de los omnipresentes “centros del dolor” y distribuidoras ilegales.

Este proceso de intensificación del uso de opioides ha contribuido al retroceso histórico de la expectativa de vida a largo plazo en los Estados Unidos. En el caso de los blancos de mediana edad, particularmente los que viven en zonas rurales, la expectativa de vida está disminuyendo y la tasa de mortalidad se ha disparado, en buena parte debido al impacto del abuso y adicción de opioides.

Appalachia es el epicentro de la crisis de los opioides. Las cifras presentadas en el informe del Post / 60 Minutes son impactantes y reveladoras. Al condado de Mingo, Virginia Occidental, una miserable y antigua área minera en el límite estatal con Kentucky, con una población de 25 mil, el distribuidor mediano de Ohio, Miami-Luken, envió 11 millones de dosis de oxicodona e hidrocodona en un período de cinco años: suficiente para dar dos pastillas a la semana a cada hombre, mujer y niño en el condado.

A la cabecera del condado en Williamson, con una población de 2938, Miami-Luken envió 258 mil pastillas de hidrocodona en un mes a una sola farmacia. La ciudad de Williamson ha demandado a la compañía y a otros distribuidores de medicamentos, imputándolos de haber inundado la ciudad con analgésicos para suministrar al mercado negro.

En un documento citado en la demanda, se acusa que: “Como tiburones rodeando a su presa, las compañías multimillonarias cayeron sobre Appalachia con el único fin de lucrar del frenesí provocado por las drogas”.

Los periodistas del Post, Scott Higham y Lenny Bernstein, y el reportero de 60 Minutes, Bill Whitaker realizaron docenas de entrevistas con antelación a su denuncia, pero hay un informante principal, Joseph T. Rannazzisi, que encabezó la Oficina de Control de Desviación de la DEA por una década hasta su expulsión en 2015.

La Oficina de Control de Desviación fiscaliza el flujo de medicamentos de prescripción producidos por las principales farmacéuticas estadounidenses y después enviados a hospitales, farmacias y otros recetadores por distribuidores, incluyendo a los tres principales.

Al investigar ventas abrumadoras, por ejemplo, cuando varias farmacias Walgreen’s de Florida vendieron más de un millón de pastillas de opioides en un año, comparado con el promedio nacional de 74.mil en el mismo periodo. Esta unidad de la DEA puede obligar a las empresas a pagar multas.

Estos tres distribuidores principales, y otros menores, han pagado multas por más de 400 millones de dólares durante la última década como resultado de incursiones de la DEA, pero esto es una miseria si se compara con sus ingresos brutos en este período, de más de 5 mil millones. Un exfuncionario de la DEA comentó al Post que esa suma era meramente “el costo por hacer negocios”.

Las órdenes de “congelamiento”, por las que la DEA podía usar su autoridad para detener un envío ante un “peligro inminente” a la comunidad, representaban un problema más serio para la industria. Según Rannazzisi, desde 2011 en adelante los altos funcionarios de la DEA se volvieron reticentes a aprobar las órdenes de “congelamiento” a los distribuidores de opioides. En ese período, los distribuidores contrataron a 46 funcionarios de la DEA, ya sea de manera directa o a través de bufetes y grupos de presión que los han representado.

En 2014, los lobistas de la industria prepararon una ley, redactada por un exabogado de la DEA, y propuesta por el representante republicano Tom Marino, que aumentaba el monto de pruebas para que la DEA pudiese detener un cargamento. En lugar de “peligro inminente,” la orden requeriría pruebas de “una probabilidad sustancial de amenaza inmediata,” una exigencia tan estricta que, una vez adoptada, la agencia no emitió más órdenes de detener la distribución de medicamentos.

Originalmente, la ley de Marino fue bloqueada debido a la oposición de la DEA, pero volvieron a presentarla con gestores del Partido Demócrata y se aprobó en la Cámara de Representantes con una votación a viva voz, sin oposición, en abril del 2015. En octubre de ese año, Rannazzisi fue forzado a retirarse de la DEA, después de su remoción de la jefatura de la Oficina de Control de Desviación, debido a la presión de congresistas republicanos sobre el Departamento de Justicia de Obama.

En marzo del 2016, el senado aprobó una redacción modificada de la ley de Marino, y la cámara baja aprobó los cambios un mes más tarde. Ahora la DEA está maniatada, y los distribuidores de medicamentos pueden proceder sin preocuparse de la supervisión federal.

Como Rannazzisi dijo a 60 Minutes: “La industria farmacéutica -los fabricantes, mayoristas y cadenas de farmacias- tienen una influencia muy pesada sobre el Congreso. Y esa gente llegó con influencia y dinero y logró el cambió de una ley sólo porque no les gustaba”.

La protección de las gigantescas distribuidoras de medicamentos ocasionó una avalancha de muertes por sobredosis provocadas con los productos que distribuían; fue una operación bipartidista. Los demócratas en el Congreso auspiciaron la ley y un alto exfuncionario del gobierno Clinton, Jamie Gorelick, fue el abogado principal y lobista de los distribuidores. La fiscal general Loretta Lynch aprobó la ley y el presidente Obama la promulgó. La Casa Blanca emitió un comunicado de prensa de una página para formalizar la ocasión.

Ninguno de los involucrados, incluyendo a Lynch y Obama, hablaron con el Post o 60 Minutes. Según el Post, “La DEA y el Departamento de Justicia han aplazado más de una docena de peticiones presentadas por el Post al amparo de la Ley de Libertad de Información, que solicitaban registros públicos que arrojaran luz sobre el asunto”, señalando que el gobierno de Trump prosigue los hábitos obstruccionistas que comenzaron con Obama.

Cuando un equipo de camarógrafos de “60 Minutes” acudió a la oficina de Marino, sus asistentes llamaron a la policía de Capitol Hill para que lo libraran de él.

En septiembre de 2017 Trump premió a su distribuidor favorito de medicamentos: el representante Marino, para ser el próximo zar de las drogas. de la Casa Blanca, encargado de coordinar entre otras asignaturas, las medidas federales de cara a la crisis de los opioides.

La representante Marsha Blackburn de Tennessee, principal promotora del ordenamiento es la preferida de los republicanos para ser nominada al Senado de Estados Unidos en 2018. Así será: Donald Trump habla en serio, sin duda alguna. Otro golpe asestado a la columna vertebral de la oligarquía criminal mexicana.

Ambos representantes proceden de distritos asediados por la crisis de los opioides. Según el informe del Post, 106 personas han muerto en el condado de Lycoming, Pensilvania, el más grande del distrito de Marino, desde que introdujo su ley anticontrol.