México en alerta roja: La protección a los periodistas no funciona

30.03.2019

El infierno en la tierra se calienta más, cuando “los demonios andan sueltos” en el limbo de la impunidad.

La violencia

La profesión de reportero en México goza de los estándares internacionales de riesgo más elevados; el segundo a nivel mundial.

En el país reina la impunidad, amén de la total ausencia del Estado hasta la fecha, en lo referente a la protección y dignificación de la profesión.

Dicha ausencia crea un vacío que se llena con balas, del crimen organizado, pero principalmente de los funcionaros que ostentan el poder y contratan sicarios para perpetrar el asesinato.

Es la Malayerba (Javier Vélez) tipificada como Estado criminal, síndrome de la descomposición del modelo neoliberal a escala global, hoy en crisis, que alienta los negocios turbios — de las drogas, armas, tráfico de personas— para el sistema financiero de los centros del poder mundial.[1]

Los asesinatos ocurren cuando la corrupción campea entre las autoridades de los tres niveles de gobierno alcanzando el poder presidencial, y se saben descubiertas en la ilicitud de los negocios, la infiltración o la colusión con la criminalidad.

El reportero, periodista o medio —prensa escrita, radio, televisión y ahora redes sociales—, que publica estos temas de inmediato se convierte en blanco de ataque.

Así, en un ambiente de clara descomposición económica y política, que lastima más en el terreno social, es donde se dan las agresiones y asesinatos de los periodistas. De ahí la tirria contra el gremio, orquestada desde el poder político.

La emergencia

El gremio no demanda un trato exclusivo frente a la inseguridad que campea en el país, solo exige del Estado —esto para al nuevo gobierno— un redimensionamiento de la situación, para la adopción de medidas extraordinarias (políticas, legislativas y de la Fiscalía), ante una situación de emergencia por el permanente acoso que tiñendo de rojo, como país en guerra (un saldo atroz, herencia pro cierto de la llamada “guerra contra el narcotráfico”).

Sobre el diagnóstico del gobierno, el más reciente que ofreció el subsecretario Alejandro Encinas, hay que decirlo que se queda demasiado corto. Por la simple y sencilla razón de que la existencia del Mecanismo de Protección no ha parado la violencia. Porque el Mecanismo no responde a la problemática del gremio periodístico, siquiera en materia de prevención. Algo es algo; sin embargo, estamos seguros que de una revisión sobre su papel no quedará nada, o muy poco si se hace a fondo.

Recuadro:

Diagnóstico del gobierno:

El Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, desde su creación en 2012 es altamente cuestionado.

  1. Las medidas son reactivas y no preventivas
  2. Una empresa privada es la que otorga las medias de protección
  3. La cooperación entre Federación y entidades no es vinculante
  4. Presupuesto, insuficiente
  5. El total de beneficiarios es de 292 periodistas y 498 defensores de DDHH.
  6. De 792 botones otorgados, 230 están encendidos las 24 horas y 209 con 150 días apagados

Acciones anunciadas:

Una auditoria al Mecanismo; evaluación externa; reemplazo de escoltas; cooperación entre la CDMX y las entidades; involucramiento de dueños de los medios para la corresponsabilidad; cooperación internacional.

Para la Fraternidad de Reporteros de México, las medidas anunciadas por el actual gobierno son claramente insuficientes

A simple vista saltan dos grandes vacíos: 1) Un total desconocimiento de la situación de violencia que afecta al gremio; 2) El asesinato de los periodistas es una sumatoria para la estadística. Tamaño desdén.

No queda claro que campea la impunidad de los últimos sexenios. Nada cambia en las acciones para detener a toda costa las agresiones contra los periodistas.

Lleva poco tiempo el gobierno actual, pero la situación amerita acciones emergentes. Campea la impunidad y el Estado tiene que ser más proactivo: acelerar los cambios.

No es poca cosa que México sea el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo.

La Fraternidad de Reporteros de México ha elaborado algunas propuestas, mismas que dio a conocer en el Foro 2018 de la Cámara de Diputados, y están vigentes. Son las siguientes:

  • La problemática es más compleja que la estadística. Hay asesinatos, desapariciones, y desplazados forzados
  • Hay danza de cifras, porque no hay unificación de criterios
  • La impunidad alcanza el 99.7% de asesinatos no aclarados
  • Sigue la falta el compromiso de las autoridades
  • Hay desconfianza en el Mecanismo por ser una instancia gubernamental
  • No hay una metodología clara para el análisis de riesgo
  • La prevención brilla por su ausencia
  • Urge la adopción de estándares internacionales
  • Una justicia eficaz y oportuna: atracción de todos los casos por la Fiscalía, detenciones y enjuiciamiento de los responsables
  • Las acciones para cambiar el modelo de desarrollo llevan tiempo y los asesinatos no paran.
  • No se menciona la aplicación irrestricta de los derechos humanos, como el principio pro persona en favor del individuo; el “control de convencionalidad”, y demás leyes internacionales suscritas por México.
  • Agregaríamos ahora que falta incluir la reparación del daño, desde el momento en que se agrede a los periodistas en ejercicio
  • El Estado debe responder por la integridad física del periodista
  • Sobre los dueños de los medios se requiere total corresponsabilidad, aparte la credencialización, todas las medidas de protección al reportero
  • Además, la instrumentación del salario profesional, los servicios médicos para las familias, las prestaciones de ley
  • La creación de protocolos de protección para los reporteros en el ejercicio de su labor de informar, entre otras
  • Medidas que dignifiquen la labor del periodista.

Sin olvidar la desburocratización de los órganos reguladores, con la inclusión de una representación importante del gremio. No más organismos que solo medran con las cifras.

 


[1] Los hilos cuelgan de las principales agencias internacionales estadounidenses, donde los fondos pasan por México, Centroamérica, Colombia, Bolivia o Ecuador, pero se entretejen en el sistema bancario del principal consumidor: los EUA. Por eso la “guerra contra las drogas” no termina, amén de la estrategia injerencista para el control geopolítico regional, imperial y por los recursos naturales (la nueva Doctrina Monroe). Medidas para un negocio regional y global.