La Ley de seguridad interior es la oportunidad que para su defensa esperaba la nación

El terrorismo y el crimen organizado son dos realidades geopolíticas. Su relación debe ser comprendida por el público y por las autoridades para formar una conciencia común del objeto que se tiene a la vista, una conciencia indispensable e insustituible de las nuevas realidades criminales y criminógenas y su tendencia a propagarse en el futuro con gran fuerza. Estamos ante la dinámica de recomposición del crimen organizado. El funcionario policial francés Jean-François Gayraud sigue compatiendo el resultado de sus investigaciones sobre esa relación, que a su vez depende de la hibridación de las amenazas precursoras y motoras del nuevo caos. Una expeiencia que debe ser aprovechada por los gobiernos en la formación de reductos eficaces para conocer la fuerza de las organizaciones criminales de hoy.

Jean-François Gayraud, ensayista y alto funcionario de la policía nacional francesa, es el autor de numerosas obras de geopolítica y criminología, fusionadas ambas disciplinas para avanzar en la comprensión de las nuevas dinámicas ambientales. En el mundo formado en la posguerra fría, la hibridacion es la regla que subyace en las expeiencias caóticas, y no la excepción. La hibridación produce nuevas entidades inclasificables: guerillas “izquierdistas”, encargadas hoy del tráfico de cocaína; gángsters salafizados, es decir, convetidos en guerreros de causas de inspiración metafísica; sectas religiosas desviadas al terrorismo; estructuras financieras que son a la vez abusivas y criminales; paramilitares mutantes integrados en los cárteles de la droga.

Todos los componentes del crimen tienden ahora a cambiar su alcance y manera de actuación formando asociaciones brutales. Los peligros y los riesgos están ahora a la vuelta de la esquina. Pero ¿cómo lograr su comprensión precisa en un ambiente cultural que rechaza por ser indeseable para las almas simples, la inminencia del caos, así en la función policial como en la academia?

La era de la hibridación se extiende en todos los países. El terrorismo encuentra a merced de su vuelco hacia el crimen nuevas fuentes de financiamiento. Grupos que antes eran inconciliables se vuelven instrumentos simbióticos. Habiendo sido actores políticos (terrorismo, guerillas, milicias, movimientos de liberación) y a la vez criminales del fuero común (bandas, gangs, cárteles, mafias), vivían separados por los espacios y siguiendo la lógica de la guerra fría: hoy se fusionan sobre los espacios en los que antes actuaban separados, formando una sola unidad violenta y aterradora. Jean-François Gayraud dedica su formación y capacidad al análisis de los híbridos, que pesan cada vez más en las realidades heredadas del siglo xx.

El Congreso de México aprobó la ley para ampliar operaciones militares

En México, la Cámara de Diputados acaba de aprobar una ley que confiere un marco jurídico a las Fuerzas Armadas para intervenir en asuntos que "ponen en peligro la estabilidad, la seguridad o la paz pública". La ley también dispone que las fuerzas armadas puedan "hacer uso de cualquier método de recolección de información" y asimismo forzaría a las instituciones no gubernamentales, así como a las entidades privadas, a entregar información reservada de sus usuarios. Se esperaba que la Cámara de Diputados aprobaría la ley en abril, pero no fue así. Los legisladores esperaron el final de 2017 para hacerlo.

La Ley de Seguridad Interior fue propuesta el noviembre de 2016 y su aprobación dudosa sería un hito en los esfuerzos de la clase dirigente para defender su gobierno contra la movilización de los diseños de guerra de cuarta generación o de revoluciones coloreadas. Desprestigiado e impopular, la fuerza mediática que inspiran grupos de poder vinculados al Partido demócrata de Estados Unidos y sus organismos promotores de la guerra de cuarta generación han logrado imponer la imagen terrible del gobierno de Peña Nieto en cuanto a que las disposiciones legislativas simplemente aseguran que cualquier oposición social sea recibida con medidas coercitivas.

Bajo la esa ley, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea podrán ser desplegados en operaciones de gran alcance, incluyendo la lucha contra el crimen organizado, a investigar casos de corrupción, prevenir el terrorismo para "restablecer el orden" después de desastres nacionales. Dicen los adversarios del gobierno Peña que estas tareas rebasan las funciones que la Constitución federal asigna a las fuerzas armadas, que, además, estarán encargadas de la "seguridad interna".

Faltó tipificar con mayor detalle y como delito cualquier acción "fundamental tendente a detener la acción del Estado de cara a fenómenos que intenten vulnerar el orden interno". Los grupos que han lanzado el ataque al gobierno Peña Nieto por su interés en defender la nación de la actividad criminal, dentro de la cual surgen como síntomas de la evolución criminal, son agentes del exterior, puestos al al servicio de entidades extranjeras que son portadoras de la guerra de cuarta generación o revoluciones coloreadas. Estas tendencias califican a sus promotores como representantes en México de entidades paraestatales de subversión y crimen.

Llama la atención que los representantes de las agencias extranjeras como la NED, National Endowment for Democracy, que promovieron el eso “médico” de las drogas ahora intenten privar al estado mexicano de defensas eficaces contra la guerra balcanizadora, el apoderamiento de los territorios del istmo de Tehuantepec y la fluidez de los energéticos hacia empresas de la simpatía de los agentes del desorden    

Si bien el ejército ya ha llevado a cabo ese tipo de operaciones de manera informal, en ausencia de marco jurídico regulatorio durante diez años so pretexto de la "guerra contra el narcotráfico", la nueva Ley de Seguridad Interna aspira a legalizar y hacer permanente la intervención de los militares en las operaciones contra las drogas, una medida que de seguro producirá abusos cuando las organizaciones híbridas, como las que forman la simbiosis de movimientos indígenas con Organismos no gubernamentales y proyectos delictivos católicos para enfrentarlos al gobierno en una nueva cristiada.

La Ley de Seguridad Interna también procura el monitoreo de ese tipo de grupos. Y los operadores de telecomunicaciones se verán obligados a entregar "comunicaciones privadas, de localización geográfica en tiempo real o de entrega de datos conservados de equipos de comunicación móvil" sin ninguna supervisión judicial o responsabilidad pública.

Según la Red en Defensa de los Derechos Digitales, que es una organización mexicana dedicada a proteger los derechos de privacidad, el ambiguo lenguaje de la ley deja abierta la posibilidad de que gobierno pida a los gestores mediáticos "establecer una vulnerabilidad, entregar llaves de cifrado o establecer algún otro tipo de puerta trasera para facilitar la vigilancia".

Este organismo de sociedad llamada civil aspira a llevar a hacer suya la protesta hasta sus últimas consecuencias en el escenario reactivo contra la ley que será promulgada bien pronto por ser indispensable para el buen funcionamiento del Estado. Los ciudadanos que viven y trabajan nada han de temer de la aplicación de esta ley. Sus lineamientos están encauzados a la defensa de la tradición republicana nacida en el momento mismo que la Constitución de 1824 estableció la separación de poderes.

Los militares, según la ley, podrían ser movilizados por el ejecutivo federal en cualquier momento, así como por ciertas acciones del Congreso. En 2016, México enmendó su constitución para otorgar al presidente la autoridad de establecer un estado de emergencia y declarar la ley marcial en casos que "pongan a la sociedad en grave peligro o conflicto". Como con la enmienda constitucional, la Ley de Seguridad Interna es una carta blanca para que el Estado suspenda los derechos civiles y democráticos con el pretexto de la lucha contra el crimen organizado y prevenir ataques terroristas.

La ley fue elaborada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y el de Acción Nacional (PAN). Dos formaciones públicas que han "compartido las responsabilidades del poder" (Adolfo Christlieb Ibarrola dixit en 1964 a manera de esperanza que hoy se cumple) durante casi 30 años y han desempeñado un papel como corresponsables en la escalada de la sangrienta "guerra" contra el narcotráfico, la cual ha cusado la muerte de más de 166 mil ciudadanos y la desaparición de 28 mil más en la última década.

Ridículo papel de la izquierda

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido de Revolución Democrática (PRD), que son partidos del Sistema político degenerado de México, son grupos llamados de "izquierda", se han opuesto a la legislación de ese nuevo ordenamiento. Y en días pasados Andrés Manuel López, actuando como portavoz de la NED, se expresó en favor de la amnistía de los “narcos”. Hemos dicho que los narcos no necesitan el favor de la amnistía pues para contrarrestarla no tienen más que echar mano de una de esas hibridaciones que permiten la impunidad.

Las tomas de posición en favor o en contra de la ley indican que se quiere posponer por tiempo indefinido la formación de la gendarmería nacional, único instrumento serio para emprender la lucha contra el crimen organizado porque depende a la vez de la Defensa y la Gobernación. Asimismo, la labor investigativa no debe ser desdeñada sino al contrario, aprovechar las aportaciones académicas de la nueva criminología que hemos mencionado al principio.

El modelo de defensa de Trump se apoya en México

Desde la elección del presidente Trump, el gobierno mexicano ha estado en crisis sobre cómo equilibrar su papel como socio menor del sistema de defensa que interesa a Estados Unidos y como subyugar el creciente disgusto social por las amenazas trumpistas de que expulsará a millones de inmigrantes a su país de origen, entre ellos México; la renegociación del Tratado de libre comercio norteamericano hasta que se le halle un sustituto por su eliminación  y reforzar la frontera con dos murallas, una en el norte y otra en el sur. México está en una situación coyuntural y no debe distraerse con las acechanzas mediáticas de la NED.

El Estado de Veracruz, por ejemplo, hoy en manos de una familia voraz, es el ejemplo vivo de que la clase política no ha sido diseñada para controlar el crimen en su escenario multidimensional. La clase política hace cálculos lineales que ya no son eficaces.