La ley de seguridad interior es impostergable
02.12.2017
Si los legisladores fueran auténticos representantes de los ciudadanos, las leyes que propusieran y aprobaran serían las que respondieran eficazmente a las necesidades sociales.
Y en México no hay un imperativo moral y jurídico mayor que el necesario para poner en marcha el blindaje de la seguidad personal de los ciudadanos y de sus bienes, de una ley que tutele hasta sus últimas consecuencias la seguridad y el ejercicio de la actividad jurisdiccional en aras de la justicia de los agraviados por la comisión sistemática de delitos que todos tenemos a la vista.
La demanda social de regulación de las nuevas situaciones antes inexistentes se plasmaría en la propuesta legislativa correspondiente, cubriendo el vacío legal, que es sistemático y sistémico en México.
Sistemático porque la ausencia de leyes que respondan a la exigencia social para la protección de los ciudadanos se pospone en México sin solución de continuidad porque los legisladores limitan su actividad primordial legislativa a cuidarse la espalda dando unos brochazos al código punitivo que los pongan bajo el cuidado de la impunidad.
Es sistémico porque el orden establecido depende de una ordenación neoliberal del mundo que dispone los recursos financieros y opera sobre la sociedad con medidas psicopolíticas o comportamentalismo para cear un clima en el que los ciudadanos se mantengan clasificados y actuantes en un clima de subordinación al sistema financiero y a la manera que éste tiene de conducir a las sociedades.
En el estado de partidos, donde éstos son los únicos agentes políticos, la producción normativa se caracteriza por la extravagancia ideológica del postmodernismo, obedeciendo sólo a razones particulares de casta política como la permanencia en el poder, el impacto mediático o la simple originalidad en la resolución de conflictos. La desigualdad en el trato de los ciudadanos
Las sentencias que dictan los Juzgados y Tribunales inseparados de ese poder político adolecen de la correlativa extravagancia, siendo como son en muchas ocasiones la simple consecuencia de la norma en vigor, por mucho que luego escandalicen a la opinión pública.
Si el control político del funcionamiento de la Justicia como mero departamento administrativo del poder resulta evidente y fácilmente demostrable por grosero, los efectos de la ausencia de representación en la producción normativa son igualmente perniciosos.
Sin auténtica representación, la cadena de lo legal y lo justo se rompe irremisiblemente
Leyes absurdas o contrarias a los más básicos principios generales del derecho se interpretan al hilo de una jurisprudencia servil y dependiente, que necesita retorcer la letra y el espíritu de la norma para darles validez o aún su posible aplicación, siempre mirando y buscando el aplauso de la mayoría de turno.
Desde la lesión del principio básico de igualdad por razón de sexo a la hora de castigar el crimen representan una voluntad ideológica, la partidista, ajena a necesidades sociales claras ya que, por su propia irrepresentatividad, los legisladores carecen de la información eficiente siquiera para intuirlas y, por si fuera poco, no desean contar con ella.
Por la misma razón, las lagunas legales son la regla y no la excepción, siendo especialmente apreciables en el ámbito de las nuevas tecnologías, donde la información imprescindible se genera a una velocidad de vértigo, es difícilmente articulable y dispersa. Los falsos pestigios de poder no pueden ser los garantes del orden público amenazado y deteriorado.
La autoridad legítima representa la violencia que los actores protagónicos de la complejidad mexicana quieren cancelar oponiéndose a la aprobación de la Ley de seguridad interior. Esto no puede ser. Los adversarios de la unidad del Estado nacional, para controlar a capicho los recursos que se encuentran en su territorio, están decididos a cualquier extremo para privar a la sociedad de instituciones modernas de defensa soberana.
El proyecto de Ley de seguridad interior bajo el ataque de las ONGs
Pero la indiferencia y la ceguera ante las amenazas interiores y exteriores que forman el universo del crimen organizado. La NED, National Endowment for Democracy, y sus agentes en México, situados en numerosos medios informativos y entre los promotores de la legalización de los estupefcientes. Esta organización es nociva como pocas. Ha actuado en el norte de Africa, en la Europa Central y en el Medio Oriente sin que haya logrado consolidar un solo gobierno, que sea resultado de las revoluciones primaverales que ha elevado al timón de los Estados atacados.
Estos dispositivos que atacantes de los Estados nacionales no han sido investigados ni puestos bajo control. Esa indiferencia producto de la ceguera de la clase política estúpida e ignorante que fluctúa en la partidocracia puede llevarnos a procesos indeseables como la balcanización el saqueo de sus recursos, como planea hacerlo el proyecto creador del prianismo, que se forma con estructuras del PRI y del PAN para controlar en beneficio propio el istmo de Tehuantepec. Echemos una ojeada al manifiesto difundido por la NED de México:
Reacciones al proyecto de la Ley de Seguridad Interior
“Diversos grupos parlamentarios han presentado distintas iniciativas de ley, denominadas de “seguridad interior”, a fin de legalizar la intervención de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad pública. Dichas iniciativas parten del hecho de que actualmente no existen las capacidades policiales para hacer frente a la grave situación de inseguridad por la que atraviesa el país.“Sin embargo, e independientemente de que varias de esas iniciativas contienen peligrosas ambigüedades y otorgan atribuciones que deben corresponder exclusivamente a instituciones civiles, normalizar la intervención de las Fuerzas Armadas en labores policiales contribuiría a perpetuar la situación que se busca subsanar.“Si hoy los gobiernos estatales y el federal no han cumplido con su obligación legal de construir corporaciones de policía eficaces, menos aún lo harán si cuentan con el recurso legal para llenar ese vacío institucional con requerimientos de intervención militar.“Debemos, en cambio, centrar la atención política y legislativa en el fortalecimiento de nuestras instituciones de seguridad pública. Sólo así podremos resolver de fondo, y a largo plazo, la crisis de violencia, inseguridad y violaciones graves a derechos humanos en el país. Es por ello que, en lugar de legislar para perpetuar y arraigar el despliegue operativo de las Fuerzas Armadas, proponemos:“I. Respeto irrestricto al marco jurídico constitucional e internacional. La aprobación de una “Ley de Seguridad Interior” o de un capítulo de Seguridad Interior en la Ley de Seguridad Nacional, atentaría contra la Constitución y contravendría los tratados internacionales que México ha ratificado.“II. Adopción de medidas excepcionales sólo a partir de los mecanismos ya previstos. La vía adecuada para despliegues extraordinarios del Ejército es el artículo 29 constitucional. Actualmente no contamos con una ley reglamentaria de este artículo, y no se cuenta con una iniciativa que contemple verdaderos contrapesos y mecanismos de vigilancia. Los proyectos en discusión no son acordes con las normas internacionales en la materia.“III. Es fundamental un plan de fortalecimiento de las policías en todos los niveles de gobierno, cuyas normas y entrenamientos expresamente integren los principios de legalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad. Además, es indispensable legislar sobre el uso de la fuerza.“IV. Reformar a las policías, sin embargo, no será suficiente. Es necesario reformar también las procuradurías, fortalecer al Poder Judicial y atender la crisis penitenciaria.“V. Se deben cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y definir un plan de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad.“Seguir dependiendo de las Fuerzas Armadas no va a fortalecer nuestras instituciones de seguridad pública; coadyuvará al desgaste de dos de las instituciones más importantes del país: el Ejército y la Marina; perpetuará la grave crisis institucional por la que atravesamos, y sólo contribuirá a que la Federación y los estados sigan incumpliendo con lo estipulado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el SIDEPOL y los acuerdos del Consejo Nacional.“Por lo antes expuesto, nos oponemos categóricamente a la expedición de una ley o de reformas que permitan a las autoridades federales, estatales y municipales, continuar evadiendo sus responsabilidades constitucionales en materia de seguridad pública. Es el momento, en cambio, de emprender la inaplazable construcción de instituciones y capacidades civiles para afrontar la crisis de inseguridad y violencia por la que atraviesa el país”.
Que el gobierno saque adelante la ley
La Ley de seguridad interior es de impostergable eficacia a lo largo y lo ancho del territorio mexicano. Para desacreditar el proyecto los medios informativos influidos por la NED dicen con toda claridad con el objeto de desacreditar el texto de lo que sería la nueva ley, que interesa sobre todo a las Fuerzas Armadas su vigencia. Nada más falso.
Tampoco se trata de acoplar nuestro régimen jurídico con el estadounidense para facilitar la vida de las instituciones como interesa a la casta gobernante prianista. Esto es lo de menos.
Lo importante es que México es un Estado nacional respetable que tiene todo el derecho de defenderse y de defender a su población de las acechanzas criminales de las que daría mejor cuenta la geopolítica del crimen que las estadísticas intraducibles de los avances de la actividad criminal en la vida del país.
