En total, 158 personas murieron en el 2015, y en 2014 fueron ejecutadas 88 personas. Según Reprieve, a lo largo de este año los saudíes planean decapitar a 320 de sus conciudadanos.
Oficialmente, las autoridades saudíes afirman que la pena de muerte se aplica solamente a los que están asociados con el terrorismo, incluyendo el ISIS. Pero, de hecho, la mayoría de las sentencias que se dictan están relacionadas con personas que han estado protestando. Es decir, Arabia Saudí prácticamente practica actos de terrorismo de Estado.
Las decisiones sobre la imposición de la pena de muerte prácticamente recaen sobre la misma persona, el Ministro del Interior del país, Príncipe Mohammed bin Nayef. Es muy indicativo que los socios de Arabia Saudita, los Estados Unidos, siempre tan sensibles a la protección de los derechos humanos, no interfieren en este caso. Si para otros estados "no democráticos", Washington y sus satélites utilizan la doctrina de la "responsabilidad de proteger", según la cual se puede practicar la intervención humanitaria en los países donde se violan los derechos humanos, esto no sucede en relación con Arabia Saudita.
