Exigen la suspensión de la actividad de la Fundación de Soros en España por seguridad nacional

El Observatorio Hispano Ruso de Eurasia ha emitido un comunicado exigiendo la apertura de una investigación tras la filtración de la lista de "periodistas pro-rusos", y la suspensión cautelar de "las actividades en España de las fundaciones de George Soros, así como sus acuerdos de colaboración con las distintas entidades españolas", y por su incompatibilidad con nuestro sistema democrático". El comunicado es una reacción al descubrimiento de ciertas actividades impulsadas por la Open Society Foundation y su rama europea, la Open Society Initiative for Europe (OSIFE), en especial la elaboración de una lista de periodistas y tuiteros españoles calificados como "pro-rusos".

Tal como denuncia el comunicado, "la OSIFE, en el caso de España, financió la elaboración de un informe de unas 3.000 palabras más una serie de anexos. Por este informe se pagó 6.500 dólares más unos complementos derivados de gastos extra por su realización. El informe debía incluir datos sobre al menos 6 periódicos generalistas, 10 medios audiovisuales (TV y radio), 6 sitios Internet y alrededor de 50 líderes de opinión y configuración de tendencias en las redes sociales".

El comunicado del O.H.R.E señala directamente a los autores del documento: "El contrato fue adjudicado a Nicolás de Pedro y el informe final debía de estar entregado en mayo de 2015. Además de él, en la elaboración de dicho informe, colaboró Marta Ter", y muestra su preocupación por la vinculación del primero, Nicolás de Pedro, con el CIDOB (un think tank español constituido legalmente como una fundación de naturaleza pública), que está financiado mayoritariamente por entidades públicas como la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación de Barcelona, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y la Comisión Europea. "Nos gustaría saber si el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación español desconocía estos hechos o no; puesto que si los conocía estaba respaldando política y financieramente, de forma indirecta a través del CIDOB, a la OSIFE y sus planteamientos y actuaciones geopolíticas lo que resultaría de una gravedad extrema", declara el O.H.R.E. Y añaden: "El CIDOB, en un ejercicio de transparencia, debiera, por iniciativa propia y dado que se financia a través del dinero de los contribuyentes a través de distintas instituciones públicas, esclarecer su relación con la OSIFE aportando datos concretos que no se reflejan en sus cuentas anuales".

Sobre la gravedad de la elaboración de esta lista de comunicadore, el comunicado afirma: "Dada la probada toma de postura política en el conflicto de Ucrania por George Soros y la OSIFE a favor del actual gobierno de Kiev y en contra de Rusia, como su intención de influir en la opinión pública española por cualquier medio, (...) es especialmente grave la "lista negra" de los pro-rusos, que se convierten en objetivos políticos 'enemigos' a los que silenciar o desprestigiar para anular su influencia en Twitter por parte de la OSIFE".

En cuanto a la legalidad del informe, y de este anexo en concreto, el O.H.R.E advierte que "la inclusión de personas en 'listas negras' vulnera la legalidad internacional, en concreto el derecho de libertad de expresión previsto en el artículo 19 de la 'Declaración Universal de los Derechos Humanos'. (...) A nivel nacional también conculcaría el artículo 20 de la Constitución Española. Si bien el informe no ha sido publicado y sólo tenemos las condiciones y fines del contrato y el anexo con las listas de Twitter, estos documentos apuntan a que las actividades llevadas a cabo por el CIDOB y su investigadores, además de impropias, podrían considerarse ilegales, respetando la presunción de inocencia".

Finlamente, el Observatorio Hispano Ruso de Eurasia concreta sus exigencias: "Por todo esto, finalmente, las actividades en España de las fundaciones de George Soros, así como sus acuerdos de colaboración con las distintas entidades españolas, deberían ser suspendidas cautelarmente, por razones de seguridad nacional y por su incompatibilidad con nuestro sistema democrático, hasta que concluyera la investigación del órgano competente cuya apertura exigimos desde OHRE".