Congreso de EEUU abre la vía a las demandas contra Arabia Saudí por el 11-S

El Congreso de EEUU aprobó el pasado viernes una ley que permite a las víctimas del 11-S demandar a Arabia Saudí ante los tribunales norteamericanos cuando se acab de cumplir el 15 aniversario de los ataques terroristas.

La legislación fue aprobada por unanimidad tras una votación en voz alta cuyo resultado provocó un estruendoso aplauso.

La ley, que también fue aprobada por unanimidad en el Senado en el mes de mayo, irá ahora a la mesa del presidente Obama, que había prometido vetarla. Obama presionóo a las Cámaras para que no se aprobase, pero sus esfuerzos no han tenido éxito.

La Casa Blanca ha advertido que esta ley dañará las relaciones con Arabia Saudí y provocará represalias contra los ciudadanos norteamericanos. También podría conducir a la retirada de fondos saudíes de EEUU.

en este sentido, diferentes dirigentes y responsables saudíes ya manifestaron con anterioridad a la aprobación de esta ley, que su país podría vender todo o una parte de sus activos en EEUU, incluyendo sus bonos del Tesoro norteamericano, que alcanzan los 750.000 millones de dólares. Esta amenaza contra el mercado del Tesoro de EEUU resulta aún más dañina dado que los países del este de Asia, particularmente China, no están dispuestos a absorber la deuda que dejarían los saudíes.

Ahora, Obama ha quedado situado en una posición delicada. Si veta la ley, podría ser acusado de poner los intereses del régimen saudí por encima de las familias de las víctimas del 11-S.

Por otro lado, los patrocinadores de la ley confían en alcanzar la mayoría de dos tercios necesaria para superar el veto presidencial, dado que las leyes fueron aprobadas por unanimidad.

Quince de los 19 secuestradores del 11-S eran saudíes y funcionarios saudíes les suministraron apoyo y protección, según se desprende de las 28 páginas desclasificadas recientemente de un informe del Congreso sobre el 11-S.

En base a estos hallazgos las familias del 11-S podrán demandar a Arabia Saudí ante los tribunales norteamericanos en busca de una compensación, acogiéndose al “Acta de Justicia contra los Patrocinadores del Terrorismo”.