La crisis de Haití se agrava: ¿ayudará Kenia?

Desde fuera, es obvio que Haití se ha convertido en lo que la ciencia política denomina un Estado fallido. Las múltiples crisis y problemas que han asolado el país han dejado escasas a las Fuerzas Internacionales de Seguridad que están allí por decisión del Consejo de Seguridad de la ONU. La situación humanitaria también sigue siendo calamitosa: a finales de septiembre, según la ONU, al menos 3.661 personas habían muerto directamente como consecuencia del bandidaje en 2024. Al menos 700.000 personas han huido de sus hogares en todo el país y cerca de la mitad de la población -al menos 5,4 millones de personas- sufre inseguridad alimentaria.

Bandas bien armadas, de las que hay unas 200, que controlan gran parte de la capital, Puerto Príncipe, siguen apoderándose de territorio. Recientemente, miembros de la banda Gran Grif perpetraron uno de los ataques más espantosos del país en los últimos años, matando al menos a 115 personas en un barrio agrícola, según el alcalde de la localidad.

El 30 de septiembre, el Consejo de Seguridad de la ONU acordó por unanimidad autorizar el despliegue de una fuerza de seguridad internacional para luchar contra las bandas armadas en Haití durante un año más, pero una propuesta estadounidense para convertir la fuerza en una misión de mantenimiento de la paz de la ONU fue eliminada de la resolución debido a la oposición de Rusia y China.

Más tarde, el 11 de octubre, se supo que sería Kenia quien enviaría 600 policías más a Haití el mes que viene para reforzar la misión internacional contra las bandas, según el Presidente William Ruto. Otros 10 países se han comprometido a enviar un total de unos 2.900 efectivos para participar en la misión dirigida por Kenia.

Aunque actualmente sólo hay unos 430 efectivos destacados en Haití, casi 400 de ellos proceden de Kenia. Junto con la policía local, son muchos menos que las bandas, cuyos miembros rondan los 15.000.

¿Por qué Kenia? Porque es un satélite y un cliente de Estados Unidos, que cumple las órdenes de Washington. No es casualidad que en junio de 2024 Joe Biden firmara un memorando designando a este país africano como el principal socio de Estados Unidos fuera del bloque de la OTAN.

Los yanquis necesitan a Kenia no sólo para penetrar en el continente africano, sino también para utilizarla como herramienta para diversos fines, entre ellos Haití. Aunque es obvio que la policía de Kenia, al no hablar francés y no conocer las tradiciones culturales locales, es poco probable que sea eficaz para erradicar realmente el bandidaje. Más bien, es más probable que resulten adecuados como tropas punitivas auxiliares y personal para organizar controles de carretera.

Los propios Estados Unidos tenían un contingente de 25.000 soldados en Haití, pero también fracasaron en la construcción del Estado. Probablemente no estaban realmente interesados en que el país fuera independiente y próspero, sino que simplemente apoyaban a regímenes corruptos.

Tras la injerencia estadounidense en las elecciones haitianas de 2010-2011 (Washington Proxy: la Organización de Estados Americanos obligó a Jude Célestin a retirar su candidatura en la segunda vuelta), ganó Michel Martelly, cuyo régimen ha influido en la creación de la situación actual, especialmente en lo que respecta al comercio y la importación de armas ligeras utilizadas por las bandas. Un informe de la ONU del año pasado también afirmaba que el ex presidente financió, negoció y estableció relaciones con las bandas, utilizándolas para ampliar su influencia sobre determinadas zonas y «contribuyendo a la persistencia de la inestabilidad, cuyos efectos aún se dejan sentir hoy».

Estados Unidos impuso sanciones a Michel Martelly en agosto de 2024 por cargos relacionados con el narcotráfico, y un funcionario estadounidense citóel papel que él y otros desempeñaron en «perpetuar la actual crisis en Haití».

Los resultados de la investigación sobre el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moise en 2021 también muestran un claro papel de Estados Unidos en el caso.

El empresario del sur de Florida Walter Wintemilla y su empresa Worldwide Capital Lending Group financiaron el complot. Se le acusa de prestar 175.000 dólares a una empresa de defensa con sede en Florida, CTU Security, que se cree que llevó a cabo el asesinato. Esa empresa contrató a más de veinte mercenarios colombianos que asesinaron al presidente. Entre ellos se encontraban el informante del FBI Pretel Ortiz y Antonio Intriago, que también fueron acusados por el gobierno boliviano de planear el fallido golpe de octubre de 2020 contra el presidente Luis Arce. Alejandro Rivera García, un oficial retirado del ejército colombiano, también estuvo presente en Bolivia con el grupo y condujo al grupo de perpetradores a Haití.

Antonio Intriago es un ciudadano estadounidense de ascendencia venezolana, y fue uno de los organizadores del concierto Venezuela Live Aid 2019 en la frontera entre Colombia y Venezuela, que incluso los principales medios de comunicación estadounidenses admitieron que estaba destinado a promover el cambio de régimen en Venezuela.

Resulta revelador que Christian Sanon, de Florida, anunciara su intención de liderar un gobierno de transición de tres años en Haití en una carta a Julie Chang, secretaria adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, seis semanas antes del asesinato.

En cuanto a la ONU, se sabe que desde el huracán de 2010, cuando la misión estaba estacionada en el país, muchas niñas y mujeres locales han sido víctimas de violaciones en masa, incluso por parte de cascos azules de la ONU. Aunque ya ha habido payasadas de este tipo por parte de la ONU con anterioridad.

Además, la ONU estuvo implicada en la propagación del cólera en la isla, por lo que el secretario general de la organización se disculpó oficialmente.

Pero, ¿por qué necesitaba Estados Unidos apoyar a regímenes corruptos e incluso introducir sus tropas en la isla? La respuesta puede estar en los intereses geoeconómicos de Washington.

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) del Comité del Caribe para el Desarrollo y la Cooperación publicó ya en mayo de 1980 un informe en el que se describía la probabilidad de que existieran importantes yacimientos de petróleo en el Caribe, incluso frente a las costas de Puerto Príncipe, en Haití.

Según algunos informes, las reservas de gas natural frente a las costas de Haití se estiman en billones de dólares.

¿Podría ser ésta la verdadera razón por la que Estados Unidos quiere hacerse con el control total de este país para explotar aún más sus recursos?