El peronismo (1943-1955), un intento de Insubordinación fundante

Introducción

En la historia de las relaciones internacionales, la primera unidad política en utilizar, de forma consciente, sistemática y premeditada, el imperialismo cultural[1], es decir la subordinación ideológico-cultural, como herramienta fundamental de su  política exterior,  para imponer su voluntad a las otras unidades políticas fue, Gran Bretaña, exportando como ideología de dominación, el libre comercio.

A través de las logias, Inglaterra exportó, para convertir en semicolonias a las jóvenes repúblicas hispanoamericanas,  las ideas del libre comercio. Idea que se cuidó muy bien, de no aplicar sobre su propio territorio.

Una de las cuestiones más llamativas pero, a su vez más ignoradas de la historia de las relaciones internacionales, se refiere al hecho de que, a partir de su industrialización, Gran Bretaña pasó a actuar con deliberada duplicidad.  Una cosa era lo que efectivamente había realizado - y realizaba - en materia de política económica  para industrializarse y progresar industrialmente y  otra, aquella que, ideológicamente, propagaba, con Adam Smith y otros voceros.

Inglaterra, se presentaba al mundo como la patria del libre comercio, como la cuna de la no intervención del estado en la economía cuando, en realidad,  había sido, en términos históricos, la patria del proteccionismo económico y del  impulso estatal. ^[2]

El estudio de la historia de la economía inglesa - afirma Helio Jaguaribe -  demuestra que la industrialización británica, incipiente desde el Renacimiento isabelino y fuertemente desarrollada desde fines del siglo XVIII, con la Revolución Industrial, tuvo, como condición fundamental, el estricto proteccionismo del mercado doméstico y el conveniente auxilio del Estado al proceso de industrialización.  Obtenidos para sí,  los buenos resultados de esa política, Gran Bretaña se esmeró en sostener, para los otros, los principios del libre comercio y de la libre actuación del mercado, condenando, como contraproducente, cualquier política proteccionista por más tenue que esta fuese. 

Imprimiendo a esa ideología de preservación de su hegemonía, las apariencias de un principio científico universal de economía logró, con éxito, persuadir de su procedencia, por un largo tiempo (de hecho, pero teniendo como centro a los Estados Unidos, Alemania y Japón, hasta nuestros días), a los demás pueblos que, así, se constituyeron, pasivamente, en mercado para los productos industriales británicos y después de la Segunda Guerra Mundial para los norteamericanos, alemanes o japoneses, permaneciendo como simples productores de materias primas. ^[3]

De esa forma, la subordinación ideológica - en las naciones que aceptaron los postulados del libre comercio-, se constituyó en el primer eslabón de la cadena que las ataba y condenaba al subdesarrollo endémico y a la subordinación política, más allá de que lograran mantener los atributos formales de la soberanía. Por lógica consecuencia, a partir de entonces, para que un  proceso emancipatorio - emprendido por cualquier unidad política sometida a la subordinación ideológica británica -  fuese exitoso debía partir, necesariamente, de la ejecución de una insubordinación fundante, es decir de la puesta en marcha de una insubordinación ideológica -consistente  en el rechazo de la ideología de dominación difundida por Gran Bretaña: el libre comercio -  que debía ser complementada con la aplicación de un adecuado impulso estatal (proteccionismo económico, inversiones públicas, subsidios estatales, reconstrucción y promoción de los valores espirituales), que pusiese en marcha el proceso de industrialización y el proceso de reconstrucción del ser nacional.

Fue, ciertamente, gracias a la realización de sus respectivas insubordinaciones fundantes que, los Estados Unidos, Alemania, Japón, Canadá y Corea del Sur lograron industrializarse y reconstruirse moralmente, factores éstos que le posibilitaron a cada una de estas naciones,  convertirse en unidades políticas efectivamente independientes. ^[4]

La intención investigativa de este artículo, consiste en analizar si el peronismo como acción de gobierno, podría entenderse como un proceso de insubordinación fundante, análogo al iniciado en los Estados Unidos, por George Washington y continuado por  Abraham Lincoln y sus sucesores,  o al iniciado, en Alemania, por Federico List y complementado por  Otto von Bismark , o al puesto en marcha  en el Japón, por la Revolución Meiji , o al realizado, en Canadá por John Macdonald  y el partido conservador o, más cercanamente en el tiempo, al llevado adelante por Corea del Sur.

Política y economía en los países subordinados

Acertadamente, afirma José Pablo Feinmann que, “…para Perón, la economía sólo existe en tanto es orientada por un proyecto político nacional. Si hay política, hay economía. Si no hay política, la que se adueña de todo es la economía. Y como la economía la dominan los países centrales, las metrópolis, son ellos los que se adueñan del país cuando el país carece de un proyecto político que los enfrente. ¿Qué requiere un proyecto político que haga de la economía uno de sus resortes, pero no su fundamento? Requiere un Estado fuerte”.[5]

Fue justamente un estado fuerte el que construyeron los Estados Unidos luego de la guerra civil, luego de la victoria del norte industrialista, sobre el sur librecambista y pro británico.

Nada quedó, en los Estados Unidos, librado a  la mano mágica del mercado.

Conviene recordar que los Estados Unidos, después de la guerra civil procedieron:  

1. A regular y limitar enérgicamente, la inversión extranjera en recursos naturales. 
    
2. A limitar los derechos de explotación minera, a ciudadanos norteamericanos y sociedades anónimas estadounidenses. 
    
3. A prohibir  la compra de tierras, por parte de extranjeros no residentes.
    
4. A establecer una barrera arancelaria  -prácticamente infranqueable- para proteger a la industria norteamericana de la competencia británica.
    
5. A utilizar, con gran éxito, la indisciplina monetaria y financiera, para solventar su desarrollo industrial. [6]

Conviene recordar  también que, los Estados Unidos, hasta 1862, era un país “algodón dependiente” y que tenía todas las características de un país periférico.[7]

Fue, justamente en la batalla de Gettysburg, el 3 de julio de 1863,  que Estados Unidos obtuvo su verdadera independencia del imperio británico. Sólo después de la imposición del proyecto proteccionista, Estados Unidos dejará de ser un país “algodón dependiente” y un país relativamente pobre.

Los países dependientes son países pobres, o relativamente pobres, mono productores o, en el mejor de los casos, proveedores de varias materias primas,  y económicamente débiles.

Pero, como lo demuestra la historia de los Estados Unidos, Canadá, Australia, por mencionar algunos, no son dependientes porque son pobres, son pobres porque son dependientes:

 “Y esta dependencia les ha sido impuesta por las naciones imperialistas, quienes han realizado su política de dominación con la más poderosa de sus armas: la economía. ¿Por qué el librecomercio de Smith y Ricardo?  ¿Por qué esa confianza en la mano invisible? Porque ahí ganaban ellos, los dueños de la economía. Lo dice Canning cuando festeja la liberación de Hispanoamérica ‘si llevamos bien nuestros negocios es nuestra’. Nada de cañonazos ni soldados, la economía se encargará de la política de dominación”. [8]

La estructura económica neocolonial.

Un análisis simple de la estructura económica de la Argentina permite observar la situación de dependencia, respecto de Gran Bretaña, anterior al 1 de julio de  1940:

“El 47,7 % de capital total existente  era extranjero; el 49,3% de las inversiones que se realizaban también provenía del exterior, el 37,8 % de las exportaciones del país debía destinarse al pago de los servicios  e intereses correspondientes a dichos capitales. La propiedad del capital extranjero invertido era en un 80% de origen inglés y norteamericano… (entre 1900 y 1940), el ingreso de capitales y créditos foráneos al país  ascendió a 8303 millones de dólares, pero se remesaron utilidades por valor de 14.145 millones de la misma moneda”. [9]

El modelo económico instaurado después de Caseros, le había dado a la Argentina una fisonomía “agrícola-ganadera dependiente”.

Una fisonomía análoga a la que tenían los Estados Unidos de Norteamérica hasta el triunfo en su guerra civil, del norte proteccionista y nacionalista contra el sur librecambiasta y pro británico.

Asimismo, una estructura análoga se puede observar, en la economía canadiense, por ejemplo, antes del inicio de la denominada “National Policy” que llevaron a cabo John Mcdonald y el partido conservador a partir del año 1879, consistente en el rechazo absoluto del libre comercio y mediante la aplicación de un férreo proteccionismo económico a fin de conseguir la industrialización del Canadá. [10]

En Argentina, el modelo agrícola-ganadero, fue acompañado por “un modelo educativo que impedía toda conciencia industrialista en el sector empresario: sus hábitos mentales inducidos lo empujaban a considerar como poco noble dedicarse a las manufacturas”.[11]

Importa tener en cuenta, como dato sociológico y político fundamental para poder evaluar objetivamente la labor de gobierno realizada por la Revolución del 4 de junio de 1943 y por los dos gobiernos constitucionales presididos por el General Juan Domingo Perón que le sucedieron,  entre 1946 y 1955 que, si  bien la Primera Guerra Mundial, la depresión de 1929-1930 y el estallido de la Segunda Guerra Mundial,  habían promovido un cierto desarrollo fabril, se miraba a esa industria “como un sucedáneo artificial, destinado a desaparecer en cuanto se normalizasen las apuntadas circunstancias excepcionales”. [12]

Si bien es cierto que, como apuntamos apenas unos párrafos atrás la sociedad argentina en general veía a la industria casi de “costado” como una actividad pasajera (y aún innoble), esta postura anti-industrialista, resultaba permanentemente azuzada por los grandes medios de comunicación  de la época (“La Prensa” y “La Nación”, y aún los grandes de diarios del interior. Sólo por mencionar dos importantes, periódicos como “La Voz del Interior” de Córdoba o la “Gaceta de Tucumán”). De igual modo, la mayoría del espectro partidocrático político de la época, veía el fenómeno fabril, como un fenómeno pasajero.

Por otra parte, los productores dependían de “un oligopolio integrado por cuatro firmas principales, Bunge & Born, Louis  Dreyfus, La Plata Cereal y Louis De Ridder. “Dos de ellas, monopolizaban, entre 1936 y 1939, más del 50 % de la comercialización total de las cosechas: Bunge & Born y Dreyfus”. [13]

La piedra angular de la estructura económica neocolonial

 En 1932, Sir Otto Niemeyer, arriba a la Argentina para realizar una evaluación del sistema financiero y “aconsejar” una serie de medidas necesarias para su mejor funcionamiento.

En 1933, elabora un informe en el que diseña los mecanismos de un Banco Central para la República Argentina. Es, en ese mismo momento histórico que Raúl Prebisch, elabora también, un proyecto de Banco Central para la Argentina. El ex – diputado socialista, Federico Pinedo, “ataca desde el diario “Libertad” y desde el Colegio  Libre de Estudios Superiores, el proyecto de Prebisch, demostrando con sólidos argumentos, que el Banco de la Nación Argentina  podía desempeñar esas funciones eficazmente sin crear una nueva y distinta institución”. [14]

Paradojas de la historia, el gobierno fraudulento de Agustín P. Justo - a instancias del mismo Federico Pinedo, ahora ministro de ese gobierno – es el que, en mayo de  1935, aprueba  el proyecto de creación del Banco Central de la República Argentina presentado por Raúl Prebisch, el mismo que el propio Pinedo, había denostado.

El Banco Central tendría como funciones principales la de determinar la orientación del crédito (cosa que en términos más completos incluye el manejo de la tasa de interés y con el ello el poder de acelerar o desacelerar la economía), la paridad monetaria y la emisión del circulante.

El Banco Central quedó así organizado como una institución de capital mixto  conformada por El Banco de la Nación Argentina que, con 2000 acciones sólo tenía derecho a 1000 votos en la asamblea de accionistas, los Bancos Provinciales que, con 1918 acciones, sólo tenían derecho a 1777 votos en la asamblea de accionistas, las entidades bancarias de capital privado consideradas como empresas argentinas que con 4261 acciones, tenían 4120 votos en la asamblea,  y los bancos extranjeros que,  con 1821 acciones tenían 1821 votos en la asamblea.

Así conformado el Banco Central, el Estado nacional- en el caso de que pudiera convencer a las provincias que votaran siempre de forma conjunta con él -, podía llegar a reunir, como máximo,  2777 votos,  y la banca privada en su conjunto, podía reunir nada menos que 5941 votos:

 “Los bancos oficiales tenían, entonces, un poder de decisión  menor en relación  con los recursos que aportaban, mientras el peso de los extranjeros  en la asamblea era mayor del que podía suponerse, ya que muchos bancos considerados nacionales, como el Español del Río de la Plata, el Banco de Galicia y Buenos Aires, el Banco Francés del Río de la Plata o el Banco de Italia y Río de la Plata, eran controlados por capitales foráneos.”[15]

Sobre las diferencias  existentes  entre el proyecto de Niemeyer y el de Prebisch, se encuentran opiniones contrapuestas que pueden ser agrupadas en dos posturas: por una lado, aquellos que afirman que, en su concepción de  la política bancaria, el proyecto de Prebisch  difería de la propuesta de Niemeyer y, por el otro, los que sostienen que el proyecto elaborado Prebisch, no presenta diferencias sustanciales con el de Niemeyer salvo que, las reformas introducidas por Prebisch no eran sino una profundización de la dependencia en la elaboración de la política económica por parte del capital extranjero. Es decir, que era un proyecto aún peor que el propuesto por el asesor inglés, funcionario, por lo demás, del propio Banco de Inglaterra. [16]

Además el proyecto de Carta Orgánica, finalmente sancionado, establecía en su artículo 54: “Durante el término que fija el artículo 1 - 40 años - esta ley no podrá ser modificada sin consentimiento del Banco el que no podrá aceptar ninguna modificación sin la aprobación de los 2/3 de los bancos accionistas dado en una Asamblea Extraordinaria convocada expresamente a tal efecto.”[17]

Se ponía así a una sociedad privada, en la práctica - con apariencia de mixta -, a manejar toda la política monetaria nacional y, por ende, la economía doméstica. Sin embargo, el hecho se veía agravado por el grado de autonomía (autoridad en realidad), que se le otorgaba por la misma ley a una simple sociedad privada. Ésta, con la injerencia otorgada en la economía nacional- quedaba, sin embargo, al margen de las autoridades del Estado nacional. Ni el poder ejecutivo ni el poder legislativo podían intervenir en sus dictámenes ni en sus decisiones. Menos aún, modificar su estatuto (Carta Orgánica). Estaba, en síntesis, en una situación de “estado paralelo”, no ya autónomo, sino soberano. Y esto por el “módico” período de 40 años (cosa que hubiera llevado su intangibilidad nada menos que ¡hasta 1975!).

La estructura económica de la Argentina, sobre la que tuvo que operar el peronismo, era verdaderamente neocolonial, pero desde este hito – la creación de un Banco Central controlado por el capital foráneo- la hizo peor aún, porque había quedado “institucionalizada” y con plena dominación de la economía doméstica.

Con la creación de un Banco Central, controlado por el capital extranjero, que manejaba toda la política monetaria nacional – incluida la decisión de emitir moneda – se crea una nueva y más sólida estructura neocolonial. Los capitales extranjeros, no sólo manejaran la totalidad de los recursos nacionales sino que también tendrán injerencia y decisión autónoma en la propia economía cotidiana doméstica.

Un Banco Central “privado” se constituirá así, en “piedra angular” de la estructura neocolonial - es decir de la dominación del capital extranjero que, en ese momento era mayoritariamente inglés - sobre la Argentina.  Porque si  una entidad  “mixta con participación estatal –minoritaria- y  privada – mayoritaria – manejaba la política monetaria nacional, en realidad, era una entidad privada extranjera la que controlaría los hilos de la economía nacional y, el Estado argentino perdería entonces total poder sobre su política económica interna, dejando, aún las decisiones más coyunturales y hasta las nimias, en poder del capital que domine ese Banco Central y dicte, autónomamente, la política monetaria. Es decir en manos del capital extranjero.

El Banco Central, entró en operaciones el 6 de junio de 1935 y entre sus “nobles objetivos”, fijados en su propia Carta Orgánica ( Ley 24.144),  estaba el de promover “el empleo y el desarrollo económico con equidad social”  para todos los argentinos. Sin embargo, como una de las características notables de aquella Argentina neocolonial era la no concordancia entre la teoría y la realidad, con la creación del Banco Central, la aplicación de las políticas monetarias seguía estando condicionada por las preferencias e intereses de los inversores extranjeros – predominantemente británicos - que querían enviar sus ganancias al exterior y evitar devaluaciones de la moneda nacional.

Importa resaltar que el  control del Directorio del Banco Central le permitía a la banca extranjera “determinar la orientación del crédito, la paridad monetaria y la emisión del circulante”. [18]

Cuando se analiza la  estructura de la economía argentina entre 1935 y 1946,  hay un razonamiento simple a realizar y, sin embargo, no se realiza.

Si el Banco Central determinaba la orientación del crédito, la paridad monetaria y la emisión del circulante y el directorio del Banco Central era dominado por la banca extranjera, entonces, por lógica consecuencia, la banca extranjera “orientaba” la economía argentina.

Se puede estar de acuerdo, como sostienen muchos economistas, en que una entidad autártica, con respecto al estado argentino y controlada por capitales extranjeros, dirija el destino económico de todos los argentinos pero, lo que no se puede negar y/o  ocultar, sin caer en la más completa deshonestidad intelectual, es que el destino económico de los argentinos, en ese caso, no está mano de los argentinos.

Una pregunta simple  se desprende del razonamiento que hemos efectuado.  Si la determinación de  la orientación del crédito, de la paridad monetaria y de la emisión del circulante, era realizada por la banca privada extranjera que entonces, como ya dijimos, era mayoritariamente británica, ¿qué funciones realmente determinantes de la economía cumplían las autoridades que, en la Argentina, estaban encargadas del manejo de la economía? Desde el más estricto cuerpo teórico del monetarismo, la respuesta es simple, ninguna.

La economía argentina, en lo esencial, en lo estratégico, era dirigida principalmente por la banca de Gran Bretaña, entonces, nacionalizar el Banco Central, era herir de muerte al dominio profundo, sutil y casi imperceptible que Gran Bretaña, de hecho, ejercía sobre la Argentina. Justamente esa herida mortal, infligida a la dominación británica, es lo que la elite política británica no perdonaría jamás a Juan Domingo Perón.

La dominación británica  sobre la Argentina era tan profunda, antes de Perón,  que explica la sentencia del historiador brasileño Luiz Alberto Moniz Bandeira,  de que la Argentina, era “una especie de colonia informal de Gran Bretaña, el llamado quinto dominio, ocupando una posición de dependencia para la cual, no existía paralelo exacto fuera del imperio.” [19]

El mundo según los Estados Unidos

El politólogo e historiador estadounidense John Lewis Gaddis afirma que durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, “Los líderes norteamericanos consideraban que la reconstrucción de la economía mundial era un objetivo a lograr, tan importante como la autodeterminación si es que se quería terminar verdaderamente con las causas de la guerra.”[20] Cabe entonces preguntarse ¿Y cómo debía entonces reconstruirse la economía mundial según los líderes norteamericanos?  Para ellos, responde Gaddis, era claro que los nacionalismos económicos eran la causa principal de las guerras y que, por lógica consecuencia,  la economía mundial que los Estados Unidos debían reconstruir después de la Guerra, era una economía basada en el libre comercio absoluto.

Tan presente estaba esta idea en la elite norteamericana que el presidente Roosevelt sostuvo, en su mensaje anual al Congreso en 1940,  que:

“…el destructivo campo de minas explosivas de las restricciones comerciales instituido entre ambas guerras es una de las razones que contribuyeron a las  actuales contiendas”.[21]

Los Estados Unidos deberían  utilizar su influencia, después de la guerra, aseveró Roosevelt, para que ninguna nación opte por el nacionalismo económico.

 “El Departamento de Estado  y el del Tesoro  compartieron entonces la tarea de formular planes específicos para abordar la situación económica de posguerra. El primero, asumió fundamentalmente la responsabilidad de remover las barreras comerciales, encargándose de la renovación del Acta Recíproca de Acuerdos de Comercio ( Reciprocal Trade Agreementes Act), e induciendo a otras naciones, a ejecutar políticas tarifarias liberales.”[22]

“Cordell Hull – sostiene Gaddis- el veterano secretario de Estado, ya hacía mucho que se había convencido de que los nacionalismos económicos eran la causa de las guerras. La solución, creía Hull, era eliminar las barreras comerciales de cualquier tipo para que todo el mundo comerciara con todo el mundo”.[23]

Es, en ese sentido, que el secretario de Estado sostiene en su discurso radial del 23 de julio de 1942:

“En mi opinión, el comercio sin trabas significa, la paz; las tarifas elevadas, las barreras comerciales, y toda competencia desleal, la guerra”. [24]

Gaddis recalca especialmente que, “…la mayoría de  los economistas del  Departamento de Estado,  adherían a esa a la posición”. [25]

Es de suponer entonces cuál sería la posición de los Estados Unidos ante la aparición de un joven coronel que, en los confines de la periferia, decidía aplicar todo tipo de trabas al comercio internacional, para defender la industria naciente de su propia nación.

Ciertamente no había ninguna originalidad en el discurso de Cordell Hull, pues era lo que habían sostenido, siempre, los liberales clásicos. Hull retomaba, en su discurso, el pensamiento de David Ricardo y John Stuart Mill de que el proteccionismo económico era la principal causa de las guerras y el librecomercio, la mejor garantía para la paz. Lo novedoso era que lo expresara el  secretario de Estado de una nación que había aplicado y defendido, desde su independencia, el más feroz proteccionismo económico.

Por otra parte destaca  Gaddis: “Los temores de una depresión económica de posguerra dentro de los Estados Unidos, acrecentaron la preocupación de la administración por la política económica exterior. Ampliamente conscientes -la elite política norteamericana - de que el New Deal no había resuelto  el problema del desempleo en tiempos de paz  (y enterados) en el otoño de 1944, de que la reducción del gasto militar dejaría por lo menos cuatro millones y medio de personas sin trabajo (llegaron a la conclusión de que) encontrar mercados para los productos excedentes, era la solución para aliviar el problema de la reconversión doméstica”. [26]

En octubre de 1944, Roosevelt le escribía a Hull: “Si bien no obtendremos ventaja de ningún país, haremos que la industria norteamericana saque una buena tajada del mercado mundial”. [27]

Es decir que, para la administración Roosevelt, cualquier gobierno, en cualquier parte del mundo, que enarbolara las banderas del nacionalismo económico, es decir que se opusiera al librecomercio y que intentara defender su industria naciente, mediantes cualquier tipo de barreras comerciales -como los Estados Unidos habían hecho por casi 100 años-  era un gobierno que “atentaba” contra la paz mundial y, por lo tanto, un gobierno que debía ser removido - por el bien de la humanidad - de la conducción de su propio estado.

Tal era el caso, para los Estados Unidos, del gobierno argentino surgido de la revolución del 4 de junio de 1943 que había “abatido el predominio agroexportador en la conducción de la Argentina”.[28] Los Estados Unidos percibieron  inmediatamente  al gobierno argentino como proclive al nacionalismo económico y al coronel Juan Domingo Perón, como el líder de ese nuevo nacionalismo económico y se dispusieron a actuar en consecuencia.

Estados Unidos frente a la revolución del 43

Es poco después de junio de 1943, que el secretario de Estado, Cordell Hull, eleva como propuesta al presidente Roosevelt, el primer plan de intervención militar en Argentina, para acabar con el gobierno surgido en Buenos Aires, en junio de 1943.[29]

Según el proyecto elaborado por el secretario de Estado, debería ser el Brasil, el encargado de invadir la Argentina. Para tal fin, Cordell Hull “determinó que el Munitions Assignment Board entregase rápidamente  a Brasil grandes cantidades de armas y municiones, así como equipos para dos o tres divisiones de regimientos motorizados, de modo de que pudiese concentrar poderosas fuerzas en Río Grande  do Sul.” [30]

La “sugerencia” norteamericana era que “el Brasil debía prepararse para combatir en la Cuenca del Plata y no enviar tropas a África o Europa”.  [31]

En Brasil, algunos diplomáticos y militares se entusiasmaron con la propuesta norteamericana porque especulaban que, en compensación por el esfuerzo realizado, el Brasil podría extender sus fronteras hasta  el río Paraná, ocupando las provincias argentinas de Misiones, Corrientes y Entre Ríos.

Sin embargo, felizmente para Argentina, el plan del secretario de Estado, si bien era visto con simpatía por una parte importante de Itamaraty y del ejército brasileño, no contaba con el apoyo del presidente  Getulio Vargas.

La falta de apoyo del presidente  Vargas no hizo que el secretario de Estado desistiera del plan de eliminación del gobierno argentino  y, cuando el coronel Juan Domingo Perón, pasó a acumular conjuntamente con la Secretaría de Trabajo, el Ministerio de Guerra y la Vicepresidencia de la República, redobló sus esfuerzos para poder ejecutar el plan de invasión a  Argentina.

Cordell Hull, acusó entonces al gobierno argentino – la acusación iba dirigida principalmente al coronel Perón- de haber promovido, en diciembre de 1943, el golpe de estado que, en Bolivia, derrocó al presidente Enrique Peñaranda  y de pretender expandir la influencia del gobierno argentino a Paraguay, Uruguay, Chile y Perú.

El bombardeo de la ciudad de Buenos Aires

En febrero de 1944, el almirante norteamericano Jonas H. Ingram al mando de una escuadra conformada por barcos estadounidense y brasileños, se aproximó a la Argentina  con el objetivo específico de “promover el bloqueo del Río de la Plata, lo que por cierto precipitaría el conflicto armado, forzando a  Brasil a invadir la Argentina”.[32]

El almirante Ingram pretendía “arremeter contra Buenos Aires, juzgando que podría destruirla fácilmente, con 200 aviones transportados por su escuadra”. [33]

Para articular el plan de bombardear Buenos Aires, el almirante norteamericano “conversó el asunto con el general Pedro Aurelio de Góes Monteiro, representante  de Brasil en el Inter-American Emergency Advisory Committee for  Political Defense, que funcionaba en Montevideo…El general  Góes Monteiro  consultó entonces  al Itamaraty  y recomendó  la adopción de un plan, elaborado el 3 de octubre de  1940, para la invasión de la Argentina”.[34]

Sólo la oposición del presidente Getulio Vargas hizo que la amenaza de la invasión norteamericano-brasileña, se desvaneciera momentáneamente.

Sin embargo,  a pesar de la oposición de Vargas, el Pentágono no desistiría tan fácilmente de su intención de aniquilar al gobierno argentino.

 “La posibilidad de utilizar la Fuerza Aérea brasileña para devastar completamente Buenos Aires, según documentos a los que el embajador Carlos Martins tuvo acceso en Washington, estaba entre las intenciones de algunos jefes militares del Pentágono…El plan consistía en reclutar jóvenes aventureros  -muchos de ellos pilotos de primera clase- que estaban dispuestos a servir bajo una bandera extranjera, en este caso la del Brasil, y proporcionarles,  para el ataque a Buenos Aires, más aviones y bombas de las que los alemanes tuvieron en España…Pero Vargas, a pesar de todas las presiones, continuó firme en la oposición de no hostilizar a la Argentina”.[35]

Digamos al pasar, que estas informaciones deberían ser tenidas en cuenta, a pesar, por supuesto del cambio de gobierno en los Estados Unidos, de la recomposición de las relaciones entre Buenos Aires y Washington, y de los años transcurridos, cuando se evalúa  el por qué,  el presidente argentino Juan Domingo Perón, en septiembre de 1955, decidió no resistir  la rebelión militar destinada a derrocar a su gobierno, a pesar de tener la mayoría del ejercito a su favor.

La nacionalización del Banco Central, de los depósitos bancarios y del comercio exterior.

Después de su triunfo electoral, en febrero de 1946,  Juan Domingo Perón le pidió al General Farrell, la creación de cuatro instrumentos decisivos para poder poner en marcha el proceso de insubordinación fundante en Argentina:

1) La nacionalización del Banco Central, realizada por el decreto ley número 8503, el 25 de marzo de 1946.

2) La nacionalización de los depósitos bancarios, realizada por el decreto ley  n 11.554, el 24 de abril de 1946.

3) La asunción, por parte del Banco Central,  de todas las facultades relativas al control de cambio, realizada por el decreto ley 12.596 del  3 de mayo de 1946. 

4) La creación del Instituto  Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), realizada por el decreto ley n 15.350 del 28 de mayo de 1946

El significado profundo de las elecciones de 1946

Después de sus respectivas independencias de España, todas las repúblicas hispanoamericanas y el imperio del Brasil luego de su independencia de Portugal, se constituyeron, pasivamente, en mercados para los productos industriales británicos y después para los norteamericanos, o alemanes, permaneciendo como simples productores de materias primas.

Esta situación se mantuvo hasta que los talleres británicos y norteamericanos se vieron obligados a abandonar la  provisión de los países latinoamericanos para concentrarse, por completo, en la fabricación de todo aquello que les permitiera detener la infernal maquinaria nazi. Entonces, los principales países latinoamericanos, a raíz del estallido de la Segunda Guerra Mundial - que hace que se interrumpa, casi totalmente, el suministro de los productos industriales que venían de Europa y Estados Unidos -, inician un proceso de industrialización acelerada. Un proceso anárquico y no planificado. Aunque, en menor escala, el mismo fenómeno se había producido ya, durante la Primea Guerra Mundial. Se desarrollaron, entonces, por fuerza de la mera necesidad, una industria liviana así como algunos atisbos de  industria pesada. La interrupción de las importaciones, había creado las condiciones necesarias para el desarrollo industrial.

Una situación similar se había producido en los Estados Unidos durante la guerra contra Gran Bretaña por su independencia y luego en la segunda guerra que, en 1812, Estados Unidos sostuvo con el imperio británico. Un fenómeno análogo había ocurrido también, en 1812, en Alemania, cuando Napoleón impuso el Bloqueo Continental que impedía que los productos industriales británicos, entraran a los países de la Europa continental.

Es justamente la circunstancia que hemos señalado la que hace que en los Estados Unidos, el Secretario del Tesoro, Alexander Hamilton, plantee el argumento de la industria naciente, denuncie el librecomercio como ideología de dominación exportada por Gran Bretaña y le proponga al Congreso de los Estados Unidos, la aplicación de un paquete de medidas para defender a la naciente industria norteamericana. 

No puede entenderse la historia reciente de América Latina, luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, sino se comprende que el objetivo estratégico de  los Estados Unidos consistía en la instauración mundial del librecomercio.

No  se puede entender la historia reciente de América Latina, sin comprender que el objetivo  de  los Estados Unidos -convertido en campeón del librecomercio luego de haber sido durante casi 100 años la patria del proteccionismo económico- , era que cuando terminara la guerra, todo volviera a la normalidad: es decir  que los países latinoamericanos siguieran exportando productos primarios e importando productos industriales.

Lógicamente, la incipiente industria latinoamericana, no estaba en condiciones de competir con la poderosa industria norteamericana que, además, tenía un gran excedente de producción. La única forma de mantener, y  afirmar, el proceso de industrialización, consistía en rechazar de plano el dogma liberal de la división internacional del trabajo y establecer, en consecuencia, una serie de medidas que impidiesen la entrada de los productos industriales estadounidenses, tal como habían hecho los propios Estados Unidos después de finalizada su guerra por la independencia. De no establecerse esa barrera, se volvería a la condición anterior a la de la década del ‘40, es decir,  a la condición de países exclusivamente productores de bienes primarios y, una gran masa de la población, empleada en la industria, quedaría en la calle, sin trabajo y en condiciones de vida infrahumanas.

En Argentina, “un estudio en cuya redacción participaron los economistas y miembros del grupo Bunge, Carlos Moyano Llerena, Jorge Vicien y José Astelarra, sostuvo (por ese entonces) que la reanudación de las importaciones (tal como querían los Estados Unidos), tendría efectos negativos sobre la  ocupación industrial. En forma directa se verían afectados  cerca de 70.000 obreros, principalmente de la industria textil algodonera y metalúrgica. A ese número, el informe añadía el efecto que la crisis provocaría sobre otras industrias cuya demanda era elástica a las variaciones en el ingreso (la industria textil lanera y del rayón, la de materiales de construcción y sectores de la alimentación), y por la reducción de la ocupación en el sector comercial. Finalmente, se agregaban unos 40.000 brazos, que anualmente se sumaban al mercado del trabajo. En suma, debía esperarse una cifra – de desocupación- cercana a las 180.000 personas, un 17% del empleo industrial”.[36] Si se tradujera este nivel de desempleo en modernos conceptos estadísticos, y para que se tenga una clara dimensión del efecto que esta apertura hubiera podido generar, debemos multiplicar esa cifra de 180.000 personas por 4 - el estándar de la familia tipo - o sea, que la apertura dejaría en la indigencia a 720.000 personas, cosa que es mucho más significativa si se mensura frente a una población total argentina, en aquellos años, de unas 14 millones de personas.

Los economistas liberales, como siempre optimistas, estimaban que “sólo” 75.000 obreros se quedarían sin trabajo.[37]

Los principales países latinoamericanos estaban, entonces, ante la disyuntiva de realizar una Insubordinación Fundante o  bien,  someterse a los dictados del nuevo centro máximo del poder mundial. La presión para que los países latinoamericanos no aplicaran medidas en defensa de su industria naciente, tal como las que había aplicado en su momento Alexander Hamilton en los Estados Unidos, fue enorme.

Importa resaltar que antes de 1943, los Estados Unidos creían, con justa razón,  que, en Argentina no tendrían que aplicar ningún tipo de presiones  para lograr sus fines, porque la clase política argentina era decididamente partidaria del librecomercio. Las principales figuras  que integraban la Unión Cívica Radical consideraban al proteccionismo como una práctica y teoría “grosera”, mientras que la dirigencia del partido socialista consideraba a cualquier medida proteccionista tendiente a defender a la industria nacional, como una medida “espuria”.

“Así, por ejemplo, la Comisión Especial designada por el radicalismo para el estudio del plan (Pinedo) abogó por apoyar a las industrias que no necesitaban ‘del grosero proteccionismo que beneficia a uno para perjudicar a mil’. Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista consideró que la guerra crearía las condiciones para el surgimiento de la ‘industria sana’ sin recurrir al emisionismo, al tiempo que reclamó la intensificación del intercambio comercial ‘entorpecido por los espurios intereses proteccionistas”. [38]

Por otra parte, el famoso y mal “llamado plan de industrialización” elaborado por Pinedo, afirmaba que sólo debían fomentarse las llamadas industrias  “naturales” y no, “las artificiales”. Es decir que la industrialización debía restringirse exclusivamente al procesamiento de materias primas de la región pampeana.

Para la clase política argentina, de entonces, la división de las industrias en “naturales” y “artificiales”, era un criterio científico. Ese era, sin duda alguna, el criterio predominante en todos los diarios y periódicos de la Argentina. Siguiendo la distinción entre industrias naturales y artificiales, la clase política argentina consideraba absurdo que la Argentina se plantease la producción de acero, automóviles, caucho, agroquímicos, plástico, heladeras y hasta planchas, porque la Argentina no tenía ni hierro ni petróleo.

Al pasar, conviene recordar que si Italia, Japón o Corea del Sur, hubiesen aplicado el principio “científico” de la división entre industrias naturales y artificiales, nunca se hubieran industrializado en lo más mínimo pues ninguna de esas tres naciones poseía en su territorio hierro o petróleo. Si Japón, por ejemplo, hubiese seguido el criterio “científico” de estos “iluminados economistas argentinos” hoy sólo produciría tejidos de seda y conservas de pescado.

Terminada la guerra, “Estados Unidos reclamó (a la Argentina), el desmantelamiento de los rígidos controles estatales que limitaban el comercio internacional”. [39]

Curiosamente se pasa por alto en los estudios sobre el peronismo que, en las elecciones de 1946, lo que estaba en juego es si la Argentina iba a seguir el “consejo” de los Estados Unidos de aplicar una política basada en el libre comercio o si, en cambio y de alguna manera, iba a intentar defender, con mejor o peor suerte, su industria naciente.

Es claro que la Unión Democrática, conformada entre otros partidos por la UCR y el Partido Socialista, integrada, entre otros sectores, por los representantes de la Sociedad Rural y  patrocinada, financiada y organizada por el embajador de los Estados Unidos de Norteamérica, en caso de triunfar en las elecciones, hubiese seguido el “consejo” norteamericano de llevar adelante una apertura irrestricta de la economía argentina. Es claro que, mal o bien, el peronismo intento defender, de forma eficiente o ineficiente, la industria naciente argentina. Este es el hecho que nos permite afirmar que el peronismo representó el intento de realizar una insubordinación fundante. Rechazó la ideología del librecomercio propuesta, primero por Gran Bretaña y después por los Estados Unidos, e intentó, mediante el impulso estatal, poner en acto, las potencialidades de la Argentina. Este hecho, el rechazo del librecomercio (apertura indiscriminada de la economía que hubiese llevado al “infanticidio” industrial argentino y generado la indigencia de 720,000 personas), y el intento de aplicar una política pro industrial, alcanzan para calificar al peronismo como un intento de insubordinación fundante.

El peronismo se resistió, no acató las indicaciones provenientes de Estados Unidos y Gran Bretaña e intentó profundizar el proceso de industrialización. Además, el gobierno argentino aplicó una política de fuerte impulso estatal a la industrialización y dirigió gran parte de sus esfuerzos al desarrollo de las nuevas tecnologías estratégicas, como la aeronáutica y la nuclear. Uno de los resultados más palpables de esa política, fue el hecho de que la Argentina fuese el cuarto país en el mundo, capaz de producir un avión a reacción: el legendario “Pulqui”. (El primer país en fabricar un avión a reacción fue Estados Unidos, luego lo hizo la URSS y casi coetáneamente a la Argentina, aunque un poco antes, lo hizo Gran Bretaña.)

La decisión del gobierno peronista de implementar una serie de medidas que sirvieran de protección a la industria nacional, para evitar esa especie de “infanticidio industrial”, impidió que la Argentina se desintrustrializara, volviendo a la condición de exportadora exclusiva de productos primarios sin elaboración.

En Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, el incipiente proceso de industrialización, fue barrido completamente por la irrupción de los productos industriales que llegaban de los países centrales. El peronismo, tercamente, impidió el proceso de desindustrialización y reprimarización, que hubiese condenado a una gran parte de la población argentina, a la pobreza extrema  en tanto que el modelo agro exportador, ya no era ya capaz de proporcionar el pleno empleo.

Así, mientras los países latinoamericanos se sometían a un proceso de reprimarización de sus economías, la Argentina peronista, profundizaba su proceso de industrialización y los trabajadores participaban del 50 % del Producto Bruto Interno. Esta situación,- a pesar de la enorme campaña de desprestigio que las agencias internacionales de noticias llevaban a cabo contra el gobierno peronista- no pasaba desapercibida para la enorme masa de desposeídos de la América Latina toda.

En 1946, se enfrentaron dos concepciones de la política económica, dos proyectos de país completamente opuestos. Los hombres que integraban la Unión Democrática, estaban convencidos de las bondades del librecomercio, veían a la industria, que había nacido como una especie de anomalía, pero, fundamentalmente, no creían de ninguna manera que el estado debiera protegerla. Terminada la guerra, las industrias que pudieran resistir la competencia extranjera, seguirían existiendo y las que no, cerrarían naturalmente sus puertas.

Naturalmente, los hombres de la Unión Democrática, no veían ningún motivo para oponerse a la política norteamericana que reclamaba, en todos los países, la aplicación del libre comercio. Política que había sido, siempre, la política permanente de Gran Bretaña.

Los hombres que integraban el peronismo, por el contrario, convencidos del argumento de la industria naciente que había sido elaborado por Alexander Hamilton, creían que el estado debía proteger a la industria por un largo período hasta que ésta estuviese en condiciones de defenderse por sí misma de la competencia internacional. Terminada la guerra, había entonces que proteger de cualquier manera a las industrias que no pudieran resistir la competencia extranjera, para evitar que cierren sus puertas. Naturalmente, los hombres del peronismo, creían entonces tener motivos suficientes para oponerse tenazmente a la política norteamericana que presionaba para que todos los estados adoptaran una política librecambista.

Es este razonamiento el que nos lleva a afirmar que el peronismo no fue tan importante por lo que hizo, sino por lo que no dejó hacer.

De haber triunfado la Unión democrática, se hubiese producido, empleando una terminología acuñada por Hamilton,  un “infanticidio industrial”.

El peronismo, con todos sur errores, improvisaciones y desaciertos, evitó que ese “infanticidio industrial”.

A esta afirmación se le podría oponer la idea de que la política industrial del peronismo fue, en términos coloquiales, una política de pan para hoy y hambre para mañana, pues se basó en la industria liviana y no en la construcción de la industria pesada.

A la acusación de no haber comenzado por la industria pesada, resulta interesante la refutación hecha por Arturo Jauretche:

“Las industrias se crean en el orden de las necesidades del mercado, y el primer mercado es el de la industria liviana, que a su vez origina el de la industria pesada. Pero aunque el argumento en contra fuera válido en un mundo abstracto, no es válido en el mundo concreto. Parece que se olvidan deliberadamente de que el país estaba bloqueado internacionalmente, que regían para el mismo, toda clase de trabas financieras y que nos estaba cerrado totalmente, el acopio de materiales críticos”. [40]

Por otra parte, Jauretche hace notar que muchos economistas razonan como si la política no existiese, como si una medida económica pudiese ser tomada y aplicada, sin consideración alguna de la situación política. Es, en ese sentido que afirma:

“Por otra parte, postergar el desarrollo de la industria liviana a un hipotético desarrollo de la industria pesada, significaba destruir la base de sustentación democrática de los gobernantes. Surgidos éstos de la voluntad de un pueblo en ascenso, se pretende que frenaran las formas de producción que originaban ese ascenso,  tal vez por simple imitación del sistema aplicado en los regímenes totalitarios. Hitler podía, coercitivamente, imponer sacrificios de esa naturaleza, como el de “menos manteca y más cañones”. También Stalin lo hizo en sus sucesivos planes, pero esta política era impracticable en la Argentina, además de disparatada, por lo dicho anteriormente. La industria pesada debía venir en su hora. La verdad es que en definitiva todo lo que existe en la materia tiene su punto de partida allí, desde la adquisición de Sierra Grande  por Fabricaciones Militares hasta la Siderúrgica de San Nicolás, que se complementaban con el modesto esfuerzo que significó terminar la obra, antes comenzada, de Zapla”. [41]

Lo cierto históricamente es, que el camino seguido por el peronismo, de comenzar con la industria liviana en su primer plan quinquenal y de continuar con la industria pesada en el segundo plan, con el impulso del estado - como actor principal del proceso de industrialización – con el total manejo del flujo  de  divisas y con el  control del comercio exterior, fue el mismo camino que, años después, emprendió, con total éxito, Corea del Sur. [42]

El impulso estatal y la defensa de la industria naciente

“Con el peronismo en el poder, el Primer Plan Quinquenal estableció el fomento de las manufacturas existentes con el propósito de evitar  la desocupación de la posguerra, especialmente la producción textil algodonera y metalúrgica,  actividades que, la recuperación de las importaciones, podían afectar fuertemente”.[43] Es decir, la desocupación que se hubiera producido si el peronismo hubiese aceptado las “sugerencias” venidas de Washington de aplicar una política absolutamente librecambista.

Conviene recordar que, terminada la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos, habiendo sido la cuna del nacionalismo económico y luego de haber aplicado un fortísimo proteccionismo, por casi 100 años, se convirtieron en los paladines del librecomercio.

Sin embargo, el dato políticamente más relevante, que los economistas suelen desconocer por su falta de formación en historia de las relaciones internacionales, es que, terminada la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos comenzaron a predicar en el mundo, que el origen de las guerras se encontraba en el proteccionismo económico. Elaboraron la ecuación, proteccionismo económico igual a fascismo y fascismo igual a guerra. Si el razonamiento norteamericano fuese correcto,  habría que concluir que George Washington que aplicó, siendo presidente de los Estados Unidos, un programa económico basado en el proteccionismo, fue decididamente un líder fascista.

Se comprende entonces, la enorme presión a la que estuvo sometido el peronismo cuando decidió llevar a cabo una política de protección de la industria naciente argentina. Política que consistió, en un primer momento, en el establecimiento de “restricciones cuantitativas a partir de un sistema de estudio previo y cuotas de importación para determinados artículos…De ese modo, el Estado controlaba el uso de las divisas y privilegiaba a sectores industriales para que pudieran incorporar los equipos e insumos que necesitaban…El sistema preveía la aplicación de derechos aduaneros adicionales, cuotas de importación, exenciones impositivas y tipos de cambio preferenciales”.[44] Importa destacar que “más importante que las tarifas aduaneras resultaría el control de importaciones por medio del otorgamiento de permisos previos o la fijación de cuotas y tipos de cambios preferenciales, herramientas que quedaron bajo la supervisión del BCRA y la Secretaría de Industria. Un conjunto de cuotas de importación fueron fijadas para estimular producciones específicas consideradas de interés nacional” [45]

Con su política económica, el peronismo se insubordinaba. Como en su momento, lo habían hecho el propio Estados Unidos, Alemania y Japón, a los dictados de la potencia hegemónica y tuvo que resistir todo tipo de presiones y agresiones. En ese marco –no idílico- poco importa saber si el peronismo estableció o no una jerarquía clara de objetivos, o si estableció, minuciosamente, los instrumentos específicos a utilizar para alcanzar las metas generales, definidas en el Plan Quinquenal como, ingenuamente, pretenden algunos economistas, sin entender que, la improvisación se debía, entre otros motivos, a que la Argentina estaba casi, en estado de guerra con  Estados Unidos, potencia que no estaba dispuesta a permitir, en ese momento, en la periferia del sistema, ninguna experiencia proteccionista, ni pro-industrial.

Era ya una hazaña, que el gobierno peronista lograra mantenerse firme en su defensa de la industria naciente y elaborara, a tal fin, un plan quinquenal que incluso, se atrevía a proveer, “… el estímulo a la producción de nuevas actividades sustitutivas de importaciones de algunos insumos industriales básicos (químicos y siderúrgicos) entre las que se contaban las que impulsaría la DGFM, y de otras que tuvieran capacidad exportadora, como las manufacturas de lana y aceites vegetales que fueron promovidas por el régimen crediticio”[46]

El peronismo intentó defender a la industria naciente con una batería de medidas, algunas acertadas y otras desacertadas, pero importa destacar en ese sentido, que “la más  significativa de las medidas destinadas a favorecer el desarrollo de las manufacturas industriales fue, sin duda, la política crediticia desarrollada principalmente a través del BCIA (acrónimo de Banco de Crédito Industrial Argentino), pero también del Banco de la Nación Argentina, de los bancos provinciales y de otros organismos financieros como el IAPI, o el IMIM, que movilizaron depósitos y otros recursos financieros para las necesidades de las actividades productivas”. [47]

Conviene recordar que la tan criticada política peronista de fomentar la industrialización a través de la política crediticia, fue muy similar a la llevada a cabo, en su momento, por Alemania, para fomentar su desarrollo industrial, no exenta, por cierto, de innumerables casos de corrupción.

Afortunadamente para Alemania, el despegue económico iniciado por el Zollverein- la Unión Aduanera que protegió a la incipiente industria alemana de la competencia británica-, fue apuntalado por la Seehandlung, especie de banco de fomento industrial bajo control del Estado que: “…desempeñó un papel capital en la financiación y pertrechamiento de la industria; fue ella, en fin, la que impulsó el Zollverein, y eso a pesar de la resistencia de una parte de la población.” ^[48]

A través de la Seehandlung, los industriales alemanes tuvieron la oportunidad de acceder a un financiamiento de largo plazo y bajo interés que, de otro modo - es decir en lo que actualmente denominaríamos “condiciones de mercado”- jamás habrían podido obtener.

En un estilo coloquial, José Pablo Feinmann, aclara perfectamente el significado de la política crediticia de fomento industrial llevada a cabo por el peronismo:

“La canalización del crédito no es económica, es ideológica. Responde a un proyecto. O yo le doy un crédito a una empresa  que responde a la banca particular e internacional, o se lo doy aun pequeño agricultor, a un pequeño industrial de Avellaneda o Munro. Y a ese  agricultor y a ese pequeño industrial, no se le pide nada en garantía. El estado invierte en él. No quiere ganar plata con él. Sabe que ganará soberanía”.[49]

El otro elemento fundamental de la política peronista destinado a defender la industria naciente fue el IAPI (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio)

“Para los antiperonistas y la propaganda de la ‘Libertadora’, el IAPI fue una cueva de ladrones. Como si ellos no hubieran robado. Se apropiaron del país simplemente.  Se lo apropiaron desde 1852 en adelante. ¿Esto significa que era de ellos? Lo construyeron de acuerdo con los intereses de Gran Bretaña y para los beneficios de la pampa húmeda, clase ociosa, improductiva, desagradable, petulante, con profesoras francesas, racistas, con odio al negro y al indio, al que masacraron. ¿Quién puede dudar que hubo corrupción en el IAPI? …Pero el sentido del IAPI igual se mantuvo. Fue la nacionalización del comercio exterior. ¡Una injuria! Le quitaron  a la oligarquía de la bosta la potestad de negociar directamente con el comprador externo. El IAPI llega a cubrir el 75% de las exportaciones argentinas. Y lo recaudado no es para el agro, es para la industria”.[50]

Resultan llamativas las semejanzas entre la tan criticada política económica del peronismo, con la llevada a cabo por el Japón, después de la Segunda Guerra Mundial.  El tan criticado IAPI, cumplió en parte, la misma función que, en Japón, cumplió el MITI, el de ser el cuartel general y el motor de la economía. Es por ese motivo que creemos necesario recordar que desde la era Meiji hasta la Segunda Guerra mundial, el Estado japonés jugó un rol decisivo en el desarrollo industrial. El Estado construyó y regaló fábricas y las sostuvo, mediante subsidios, cuando estas, por alguna coyuntura externa, no eran rentables, como sucedió por ejemplo, con la Toyota, que no sólo fue asistida, sino, además, fue cuatro veces rescatada de la quiebra, por propio estado japonés.[51]

Después de la Segunda Guerra mundial, el Ministerio de Comercio Internacional y de la Industria (MITI), volvió a reeditar la esencia de la política económica de la revolución Meiji y Japón, se convirtió en una potencia industrial. El MITI, fue el “cuartel general” y el “motor” de la economía japonesa. Jugó el rol de coordinador entre los hombres de negocios y la clase política. Con un presupuesto mínimo, el MITI, tuvo un papel preponderante en la reconstrucción de la economía japonesa. El MITI, controlaba numerosas actividades de producción y de comercio. Entre las leyes más importantes fomentadas por el MITI es preciso nombrar, la Ley sobre el Control de Cambio y el Control del Comercio Exterior - del 1º de diciembre de 1949- que le otorgaba al MITI, el derecho de controlar las importaciones, así como la Ley sobre Inversiones Extranjeras –del 10 de mayo de 1950- que le otorgaban al mentado ministerio, el control virtual sobre todos los capitales, de corto o largo plazo, que llegaran al Japón. Asimismo, fueron los funcionarios del MITI, quienes contribuyeron para que se revisara la ley contra los monopolios, es decir contra los “zaibatsu”, introducida por las fuerzas aliadas de ocupación.^[52] Gracias al Impulso Estatal, planificado desde el MITI, Japón “creció entre 1955 y 1969, alrededor del 10,37 por ciento anual” ^[53] y, en 1968, superó a la República Federal Alemana, convirtiéndose en la segunda economía mundial.^[54] El “milagro japonés” fue posible a través del Impulso Estatal y el establecimiento de una “economía de mercado planificada.”^[55]

La obra pública como elemento central del impulso estatal.

 El impulso estatal necesario para poner en acto todas las potencialidades contenidas en la Argentina, en su territorio y en su gente, fue llevado a cabo por el peronismo principalmente a través de la planificación y ejecución de un plan de obras públicas que, por su envergadura,  nunca antes se había visto en la historia argentina.

Sin embargo, más allá de la enumeración realizada, con mala gana, por muy pocos de los académicos que se han dedicado a estudiar al peronismo, la descripción de las obras y la explicación de la importancia de cada una de ellas, brilla, acientíficamente, por su ausencia.

Como el déficit energético estructural de la Argentina “impedía el desarrollo industrial” y constituía el “Talón de Aquiles” de cualquier proyecto industrializador, el esfuerzo principal del gobierno peronista, estuvo dirigido a la superación de ese problema estratégico.

El plan de obras públicas, se puso en marcha el 19 de enero de 1947, apenas cumplidos 6 meses de la asunción oficial del gobierno, por parte del Presidente Perón, el 4 de junio de 1946. Las primeras medidas consistieron en terminar las obras iniciadas por la revolución del 4 de  junio de 1943: los diques Escaba en Tucumán y  Nihuil en Mendoza, con sus centrales hidroeléctricas y el dique Los Quiroga, en Santiago del Estero.

Conclusión

Si entendemos que una insubordinación fundante consiste en el rechazo de la ideología de subordinación, exportada por la o las potencias dominantes, más la aplicación de un adecuado impulso estatal, no cabe duda alguna de que el peronismo constituyó un intento de insubordinación fundante. Es decir, que el peronismo puso en marcha un proceso de insubordinación fundante similar al iniciado en los Estados Unidos, por George Washington y continuado por  Abraham Lincoln y sus sucesores,  o al iniciado, en Alemania, por Federico List y complementado por  Otto von Bismark, o al puesto en marcha  en el Japón, por la Revolución Meiji o al realizado, en Canadá por John Macdonald y el partido conservador, o al emprendido más recientemente por Corea del Sur.

El intento de insubordinación fundante, llevado a cabo por el peronismo quedó trunco, porque fue interrumpido por el golpe militar que, en septiembre de 1955, derrocó al gobierno constitucional presidido por Juan Domingo Perón. Resulta lógico afirmar, entonces que, el peronismo es una insubordinación fundante, inconclusa.

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*Marcelo Gullo

Doctor en Ciencia Política por la Universidad del Salvador, Licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario, Graduado en Estudios Internacionales por la Escuela Diplomática de Madrid, Magister en Relaciones Internacionales, por el Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales, de la Universidad de Ginebra. Asesor en materia de Relaciones Internacionales de la Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Educación y la Cultura (FLATEC).”Pesquisador Associado” del “Instituto de Estudos Estratégicos” (INEST) de la “Universidade Federal  Fluminense”.  Profesor de la Maestría en Estrategia y Geopolítica de la Escuela Superior de Guerra. Profesor de la Universidad Nacional de Lanús. Asesor de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de la República Argentina.